El personal de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe se capacitará en la Ley Micaela gracias a un convenio que suscribió este jueves con la Secretaría de Estado de Igualdad y Género santafesino. “Nuestra institución tiene desde su creación, hace 30 años, una larga tradición en la atención de los casos que recibimos con perspectiva de género y en la promoción y protección de los derechos fundamentales. Este acuerdo constituye un paso más en esa dirección y estamos muy orgullosos de ello”, manifestó el defensor del Pueblo, Raúl Lamberto.
Para sellar el convenio, este jueves el defensor mantuvo una videollamada con la secretaria de Igualdad y Género, Celia Arena. En el encuentro virtual, donde se acordaron los aspectos más relevantes para implementar la capacitación, participaron también los defensores adjuntos Jorge Henn de la zona norte y Gabriel Savino de la zona sur, la directora del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) zona sur, María Laura Pasquero, el director del CAV zona norte, Carlos Nallin, y la coordinadora de Relaciones con la Ciudadanía, Eleonora Avilés. También el coordinador de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, Rodolfo Succar, y la encargada en Rosario de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Claudia Durigón. Intervinieron también, por la Secretaría de Igualdad y Género, las subsecretarias de Relaciones Institucionales, Lorena Battilana, y de Mujeres, Género y Diversidad, Florencia Marinaro, y la directora de Comunicación Institucional, Daiana Diaz.
El texto del acuerdo establece que ambas instituciones colaborarán “para llevar adelante las actividades tendientes a la implementación de la Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las Personas que Integran los Tres Poderes del Estado, conocida como Ley Micaela, en la órbita de la Defensoría del Pueblo”. Para ello van a “compartir la documentación e información que resultaren necesarias y pertinentes para el desarrollo e implementación del programa de capacitación en género”.
La Secretaría de Igualdad y Género pondrá a disposición de la Defensoría del Pueblo las bases de contenidos mínimos diseñados, a partir de lo cual la defensoría elaborará y llevará adelante su propio programa de capacitación en perspectiva de género, con enfoque de derechos humanos, para todo su personal. Finalmente, será la dependencia del Ejecutivo la que certificará si el programa cumple “con los contenidos mínimos dispuestos a los fines de dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de la ley provincial 13.891”.
La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años que fue víctima de femicidio. A través de la ley provincial 13.891 Santa Fe adhirió en noviembre pasado a esa norma nacional.
El convenio explicita además que “la provincia de Santa Fe, consecuentemente con el régimen federal establecido por la Constitución Nacional, se encuentra obligada por los instrumentos internacionales de derechos humanos suscriptos por la República Argentina y, entre las obligaciones emanadas de dichos instrumentos, se encuentra la de adoptar medidas progresivas para erradicar las violencias y discriminaciones de todo tipo en razón del género”. En ese sentido, menciona la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), y de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw).