La Defensoría del Pueblo entiende que “tanto el servicio de energía eléctrica como el de gas son derechos humanos al que deben acceder todas las personas, independientemente de su condición social”. En este sentido, manifestó que “el Estado es quien tiene la obligación de garantizarlos”. Frente al retiro de los subsidios al gas y a la energía eléctrica resueltos por el gobierno nacional la Defensoría del Pueblo de Santa Fe solicitó tomar las medidas necesarias para amortiguar sus impactos y recomendó poner en marcha el mecanismo de audiencia pública, de acuerdo a lo establecido por ley. El reciente aumento de los precios de la energía producidos como consecuencia del retiro de los subsidios nacionales alcanzó a niveles que están entre los 300 y 400 por ciento. Y la tarifa para los usuarios residenciales santafesinos se estima para el mes de abril con un incremento cercano al 100 por ciento respecto a lo abonado en noviembre, mientras que en el sector de grandes industrias y comercios los aumentos oscilarán hasta el 230 por ciento. Frente a la decisión ya tomada de aumentar la tarifa de la energía eléctrica, la Defensoría mantuvo reuniones con autoridades de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y manifiesta las siguientes necesidades frente a este incremento y los que puedan producirse en otros rubros: 1.-Analizar la adecuación tarifaria para que el consumo de las familias de menores recursos se pueda adecuar paulatinamente a los nuevos valores a fin de garantizar su derecho de acceso a los servicios. 2.- Advertir el impacto que puede tener sobre el sector productivo y el empleo que ellas generan. 3.- Informar ampliamente a la población sobre las características de la tarifa y de la tarifa social, las posibilidades de disminución de la misma y toda otra información que resulte necesaria para que el usuario pueda contemplar su consumo y presupuesto personal y familiar. 4.- Poner en práctica el mecanismo de audiencia pública para determinar los incrementos de tarifas, tal como lo establece la ley. 5.- Continuar aplicando la tarifa social que tenían las empresas, además de las que estaban prevista en la resolución nacional respectiva. En este marco, La Defensoría del Pueblo manifestó su “compromiso en la atención de los reclamos y la evaluación del proceso en defensa de los derechos de acceso al servicio, particularmente de aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social”. Señaló que “es un derecho de los usuarios tener toda la información necesaria y que esto debió haberse realizado con anterioridad”. Por último, advirtió sobre la necesidad de tener todos estos elementos presentes para futuras decisiones que puedan impactar en la economía familiar de los ciudadanos.