El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, disertó en la XXIII Asamblea de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) que tuvo lugar los días miércoles y jueves en Andorra y cuyo eje fue “el acceso a una vivienda digna”. El santafesino, quien también ocupa una Vicepresidencia del organismo internacional, se refirió durante su presentación a las actuaciones defensoriales para garantizar el acceso a servicios públicos domiciliarios.
Lamberto comenzó realizando una reseña de los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas vinculadas con el acceso a servicios públicos: agua limpia y saneamiento; energía asequible y no contaminante; reducción de la desigualdad; ciudades y comunidades sostenibles y alianzas para lograr los objetivos. En ese sentido, recordó que “en la reunión de Hábitat III realizada en Quito en 2016 todas las defensorías del Pueblo de Latinoamérica asumieron ante la Organización de la Naciones Unidas la responsabilidad de oficiar como veedores de las políticas públicas implementadas por el Estado (nacional, regional, local)”. Y agregó que “para concretar la misión encomendada por la ONU, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe celebró un convenio específico con la Universidad Nacional de Rosario (UNR) para realizar un seguimiento, primero de políticas sociales a nivel local (ciudad de Rosario), y actualmente a nivel provincial”.
Posteriormente, el defensor santafesino se refirió a algunos de los programas innovadores aplicados en la provincia de Santa Fe relacionados con servicios públicos. En ese contexto, enumeró los planes Abre, Mi Tierra Mi Casa, el impulso a la regularización dominial y de creación de consorcios en los Fonavi, las estrategias e iniciativas en energías renovables (como el programa Prosumidores y la experiencia BioBus), la política de construcción de acueductos y las políticas sociales destinadas a reducir la desigualdad. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe cumple la tarea de acompañar todas estas iniciativas, controlando su cumplimiento y prestando asistencia cuando se le requiere.
Audiencias públicas
Lamberto también se refirió un tema que ha tomado gran relevancia en los últimos años: las tarifas. Al respecto indicó que “los servicios públicos esenciales -como el agua, el gas y la electricidad- son indispensables para el desarrollo de una vida humana digna, por lo que son objeto de tutela constitucional y las defensorías del Pueblo tienen como principal objetivo el de velar por la protección y el respeto por los Derechos Humanos, cumpliendo un rol fundamental en la garantía de asequibilidad de los servicios públicos”. Explicó allí la normativa actual respecto de los servicios públicos y también se refirió al fallo de la Corte Suprema denominado “Cepis”, que ratificó la obligatoriedad de las audiencias públicas para cualquier modificación tarifaria e introdujo los criterios de proporcionalidad, gradualidad, razonabilidad y certeza en las tarifas.
En ese tramo, hizo referencia a la importante tarea que vienen desempeñando las defensorías del Pueblo del país en las distintas audiencias públicas que se celebraron para las diferentes instancias (producción, transporte y distribución) de cada uno de los servicios públicos.
Además, hizo especial referencia a la participación de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe en la comisión técnica de análisis de costos y tarifas eléctricas que fue creada para definir el cuadro tarifario de la EPE.
Mediación
Por otra parte, Lamberto destacó la mediación como vía de solución en conflictos de hábitat y vivienda. Y relató que “la Defensoría del Pueblo ha participado en experiencias de mediación y de facilitación en temas de ambiente y hábitat en casos de pedidos de adecuación a normas ambientales de empresas”. Las tareas de la institución incluyeron a gobiernos locales (municipios y comunas), vecinos, empresarios, la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia y se hizo un plan de trabajo de adecuación a las condiciones y requerimientos de los vecinos, leyes nacionales y provinciales. También se trabajó en un loteo de más de 1.300 casas y actualmente se acompaña la intervención en situación habitacional de barrios del sur de la ciudad de Rosario. También se trabaja sobre la facilitación en la constitución de consorcios, la restitución de los derechos de propiedad de adjudicatarios o nuevos ocupantes, las diferencias existentes por filtraciones de agua, la utilización de espacios comunes y la posibilidad del pago de expensas.
Finalmente, Lamberto expuso ante sus pares de toda Iberoamérica la experiencia de las oficinas móviles, que en la provincia fueron puestas en marcha recientemente y en cuatro meses ya recorrieron más de 10.000 kilómetros, acercando la institución a distintos puntos de la provincia, “promoviendo la alfabetización jurídica de los ciudadanos mediante talleres y capacitaciones específicas y una cultura de paz para el ejercicio de los derechos mediante mecanismos de mediación y de negociación”.
Como conclusión, Lamberto indicó: “La Defensoría del Pueblo no implementa políticas públicas. Su función está ligada a la evaluación y el monitoreo de las políticas públicas estatales. La institución propone y ofrece la mediación y otros métodos pacíficos de resolución para abordar los conflictos derivados las problemáticas de hábitat y vivienda. Y también busca cumplir con el compromiso asumido en el marco de la Agenda 2030 de la ONU respecto del seguimiento de políticas sociales desde una perspectiva de derechos, focalizando la labor en cinco ejes, entre los cuales se destaca hábitat y vivienda”.