El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, solicitó este martes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación exponer como orador en la audiencia informativa convocada para el próximo 8 de noviembre con el objeto detratar el estado de obras hídricas en la regiones afectadas por inundaciones vinculadas principalmente a la cuenca de la laguna La Picasa. La solicitud de Lamberto se funda en que la institución, “como órgano independiente no sujeto a mandato imperativo alguno”, ha tenido en el pasado activa participación en la materia y, además, a “que existen hoy habitantes del territorio santafesino especialmente afectados por las inundaciones en el sur provincial”.
Lamberto recordó en su nota que la causa, que data de 2000, estuvo paralizada luego de un convenio suscripto entre las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba el 24 de enero de 2006 para realizar una serie de obras para aliviar la crecida de las aguas. La causa fue reimpulsada recientemente por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que señaló en su petición que este año los distritos del noroeste bonaerense comenzaron a sufrir las consecuencias de las inundaciones por el exceso de agua y su falta de escurrimiento, añadiendo que, pese a gestiones realizadas, la situación se agrava día a día.
“Es de público y notorio que la provincia de Santa Fe, en la zona cercana a los límites con la provincia de Buenos Aires y/o Córdoba, también sufre gravísimas inundaciones que obligaron, por ejemplo, al corte de la ruta nacional número 7”, resaltó el defensor del Pueblo santafesino, que agregó: “El crecimiento notable y permanente de la laguna La Picasa ha anegado miles de hectáreas productivas, causando además graves trastornos a numerosas poblaciones del lugar, y particularmente de la provincia de Santa Fe”.
Lamberto también recordó en su misiva que en mayo las defensorías del Pueblo de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe acordaron exhortar a las autoridades nacionales a evaluar todas la alternativas técnicas para contrarrestar los efectos perjudiciales de las inundaciones en la cuenca. También que, por su iniciativa, acudió junto con el defensor Adjunto por Córdoba, Hugo Pozzi, y el secretario de Servicios Públicos, Obras Públicas, Medio Ambiente y Transporte de la defensoría bonaerense, Jorge Ruesga, a la zona en cuestión. Allí se entrevistaron con el presidente del Comité de Cuenca de la Laguna la Picasa, Juan Carlos Duhalde, brindaron una conferencia de prensa en la localidad de Cristophersen y, posteriormente, concurrieron a la ruta nacional , cuya traza se encuentra cortada producto de las inundaciones, con el objeto de apreciar el estado de la misma.
A los pocos días, Lamberto mantuvo además una reunión con el ministro de Infraestructura y Transporte de la provincia de Santa Fe, José Garibay, en la que trataron la situación de la laguna La Picasa. En el encuentro, ambos ratificaron la posición de las defensorías respecto de que deben arribarse a soluciones producto del consenso de las tres provincias, con la debida participación del Estado nacional.
Finalmente, en junio se regresó a la zona y, junto a autoridades comunales del lugar y productores, “se observó el estado de los reservorios 6 y 7 de la laguna La Picasa, que deberían retardar el ingreso de aguas a ella, ubicados dentro de la provincia de Santa Fe, pudiendo constatarse, además, la existencia de distintas obras que, a priori, serían irregulares, como ser tubos o canales que llevarían aguas directamente al sistema de la laguna por fuera de los reservorios construidos y posiblemente recibiendo aguas de territorios fuera de la provincia de Santa Fe”.
En base a toda la experiencia recabada por la defensoría santafesina durante sus intervenciones y el hecho de que la provincia de Santa Fe está especialmente afectada por esta situación es que Lamberto solicitó participar como orador en la audiencia informativa, que según dispuso la Corte Suprema se realizará el próximo 8 de noviembre a las 10 horas.