Jorge Henn, defensor del Pueblo a/c, expuso en la audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios de Santa Fe en donde se puso a consideración el aumento solicitado por Aguas Santafesinas Sociedad Anónima, en dos tramos, del 40% y 20%; ocasión en la que expresó su oposición al aumento a la vez que reclamó "información social y ambiental que de mayor previsibilidad ante la persistencia de los actuales escenarios hídrico, ambiental y sanitario".
"Las quejas que recibimos de los usuarios de la provincia son el fundamento suficiente para oponernos al incremento de tarifas porque el servicio es muy malo" sentenció.
"No queda claro durante cuánto tiempo debería sostenerse este aumento ante escenarios inflacionarios como el señalado en el informe como tampoco se refleja con claridad cómo se cubrirían las necesidades crecientes en un escenario post pandemia para todos los sectores que aun no recibieron el servicio en su integralidad" agregó el ombudsman santafesino.
"No coinciden las variables de los costos con el aumento propuesto, como por ejemplo la paritaria que estuvo lejos del 68%. Hay información insuficiente" comentó.
Más adelante afirmó: "si vamos a la arista de las posibilidades de pago de los usuarios nos vamos a encontrar con un panorama aún más restrictivo. Tomando los datos publicados por el INDEC referidos a la distribución del ingreso de los hogares de los aglomerados urbanos del país nos encontramos que el ingreso promedio de los hogares viene creciendo en los últimos 2 años a una razón del 39,1% promedio anual. Y si se tiene en cuenta solamente el primer decil, es decir el 10% más pobre de los hogares, dicho crecimiento promedio anual de los ingresos es del 36,8%".
"Debemos plantearnos la posibilidad real de pago de las tarifas de ASSA, a priori nos encontramos con incrementos superiores a las posibilidades de pago de los usuarios" reflexiona Jorge Henn.
El ombudsman se preguntó: "cómo se va a responder si este escenario de bajante de las fuentes de aprovisionamiento del agua se sostienen en el tiempo -como prevén los expertos- y se mantiene la circulación del Covid 19 en las distintas variantes que se presentan o puedan presentarse en el futuro. Se abre así un escenario socio, hídrico y ambiental que debe ser tenido en cuenta en los informes de la empresa para evaluar con mayor integralidad las circunstancias por la que atraviesa el servicio".
"La pretensión de llegar al esquema de financiamiento 70-30 por parte de usuarios y Estado parece soslayar que el acceso al agua potable es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos y una de las metas propuesta por la ONU en su Agenda 2030 es lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos” enfatizó Jorge Henn.
"Es la propia empresa la que debe avanzar hacia una eficientización del servicio y racionalizar el consumo. En el informe brindado se reconoce que el consumo promedio por habitante es muy superior a los valores standards pero también admite que se han detectado fugas de agua no contabilizada, de pérdidas y de otros aspectos que conspiran contra la sostenibilidad del sistema sanitario en su conjunto" advierte el Defensor.
Henn no descartó que las situaciones de detección de fugas y agua no contabilizada que con precisión se detectaron en Cañada de Gómez y Firmat no puedan repetirse en las dos grandes urbes como Santa Fe y Rosario. "Aquí el informe no brinda mayores precisiones ni detalles respecto de cuanto sería el impacto de la disminución o neutralización de las fugas, pérdidas y agua no contabilizada que permitan dotar al sistema de mayor certidumbre en la toma de decisión", añade.
"La Defensoría del Pueblo de Santa Fe reitera, como lo hizo en audiencias anteriores, la importancia de crear y contar con una Tarifa Social en el servicio de aguas que permita afrontar el costo a los sectores más vulnerables. Existen lo que se llaman casos sociales, que es un resabio del esquema de privatización del servicio de agua potable y saneamiento y rige desde el año 1999" aseveró Jorge Henn.
"Su naturaleza y características son distintas a la tarifa social vigente para los servicios de energía eléctrica y gas natural por redes, ya que se exige que los usuarios se encuentren en condiciones económicas apremiantes que les impidan atender necesidades básicas. La eximición es temporal (por 12 meses) y está sujeta a aprobación previa" explicó.
Finalmente, Henn insistió en la necesidad de "avanzar en la micromedición del servicio de agua potable, importante para el ahorro y uso responsable de un bien esencial para la comunidad. El pago de una tarifa plana según metros cuadrados deviene en injusto en determinados casos, ya que por ejemplo, jubilados que viven solos en una casa amplia -situación que se da en ciudades más chicas- terminan pagando mucho más que familias de 4 o 5 integrantes que viven en departamento o que cuentan con piletas en sus casas".