La reunión tuvo como finalidad articular en torno a los procesos de determinación de la capacidad jurídica de las personas a la luz de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Ley de Salud Mental y del Código Civil y Comercial de la República Argentina.
Ambas funcionarias coincidieron en calificar de imperiosa la necesidad de revisar las sentencias de incapacidad y las curatelas existentes, así como instar la instrumentación de los sistemas de apoyos en la toma de decisiones de las personas con discapacidad y a partir de ello su participación plena e inclusión en la vida social en todos sus aspectos.
Ello, precisaron, en pos de la promoción de procesos de autonomía para la vida independiente mediante un trabajo conjunto con quienes ejercen la función de figuras de apoyo, ya que como se deriva de una lectura integral del nuevo articulado del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.
Las figuras de apoyo deben re-adecuar sus funciones de representación en funciones de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de sus representados y en consecuencia poder hacer la transición de un modelo de sustitución en la toma de decisiones (legislado tradicionalmente en nuestro país), hacia otro denominado modelo de asistencia en la toma de decisiones, que es el que justamente propicia la CPCD.