Gabriel Savino, defensor Adjunto Ad Hoc de la provincia de Santa Fe, recibió este jueves al director de la Cátedra del Agua y del Centro Interdisciplinario del Agua de la Universidad Nacional de Rosario, Aníbal Faccendini, quien hizo una presentación solicitando el acompañamiento de la Defensoría a una propuesta propia relativa a la inclusión en la futura Constitución provincial de un artículo reconociendo personería jurídica al agua de superficies y subterráneas y el derecho humano al agua y al saneamiento en términos amplios.
“El derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Una de las metas propuestas por Naciones Unidas en su Agenda 2030 es ‘lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio accesible para todos’, y la Defensoría del Pueblo, como órgano del Estado garante y protector de derechos humanos, pugna permanentemente por su observancia y cumplimiento”, señaló Savino durante el encuentro.
Además, recordó que, conforme a la ley 10.000 de Intereses Difusos y a su ley de creación 10.396, la Defensoría es la institución legitimada para interponer recurso contra cualquier decisión, acto u omisión de una autoridad administrativa provincial, municipal o comunal o de entidades o personas privadas en ejercicio de funciones públicas, que, violando disposiciones del orden administrativo local, lesionaren intereses simples o difusos de los habitantes de la provincia en la tutela de la salud pública, en la conservación de la fauna, de la flora y del paisaje, en la protección del medio ambiente, en la preservación del patrimonio histórico, cultural y artístico, en la correcta comercialización de mercaderías a la población y, en general, en la defensa de valores similares de la comunidad.
Cabe recordar que la Legislatura santafesina decidió incorporar a la Defensoría del Pueblo de la provincia como un organismo constitucional en el marco del proceso de reforma de la Carta Magna. Esta medida fue saludada por la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) y el Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO), al destacar que dota al organismo de más herramientas para defender los derechos de los santafesinos y las santafesinas.