01/03/2024

INQUILINOS Y DEFENSORIA DEL PUEBLO FIRMARON UN ACUERDO PARA HACER FRENTE A LAS INCERTIDUMBRES QUE TODAVIA EXISTEN EN EL MERCADO DE LA LOCACION DE INMUEBLES

La entrada en vigencia del DNU 70/2023 dejó sin efecto de la normativa en materia de alquileres de viviendas para uso habitacional (Ley 27.551 y modif.), alterando las relaciones entre oferta y demanda de uno de los mercados más sensibles e indispensables de la vida cotidiana, y sus protagonistas recurrieron a la Defensoría del Pueblo en distintos momentos desde entonces.

Este jueves, el Defensor del Pueblo a/c, Jorge Henn y la Asociación Civil,  que acompaña y representa en Santa Fe al sector de inquilinos autoconvocados, suscribieron un convenio destinado a afrontar el marco de incertidumbre existente con motivo de la vigencia del DNU 70/23. A través del convenio en cuestión, se contempla que ambas partes trabajarán en pautas de comunicación efectiva sobre aquellas cuestiones a tener en cuenta a la hora de firmar un contrato de locación, ya sea para detectar posibles cláusulas abusivas o de imposible cumplimiento. Además a través de dicho convenio, se contempla la posibilidad de intervención del Centro de Mediación que posee la Defensoría en potenciales conflictos entre locadores y locatarios,
Así, lo explicó Jonatan Acosta quien junto, Melani Kaenee, Matías Loza, Gabriel Bustos, fueron los integrantes de la Asociación que visitaron a Henn. Bustos, en su calidad de presidente de la entidad, fue quien suscribió el convenio con el Defensor.
Los Defensores a/c fueron explorando medios para que las partes -locatarios y locadores- pudieran reanudar sus vínculos comerciales en términos aceptables y viables para sus intereses. “Una de las primeras dificultades que afrontó el mercado en cuestión fue una sensible retracción de la oferta y la consecuente distorsión de los precios relativos. Derogada la ley y con la reactivación del mercado es aún necesario coadyuvar esfuerzos en procura de recuperar fiabilidad y tranquilidad. Al locador le interesa tener su propiedad ocupada, percibir una retribución justa por ello; y al locatario el sitio donde vivir a un costo que le permita afrontarlo. Una y otra parte tienen derechos y también obligaciones, aunque frecuentemente el más débil suele ser quien no tiene dónde vivir. La Defensoría del Pueblo estará siempre dispuesta a colaborar para facilitar el necesario clima en que se deben dar estas relaciones”, dijo Henn tras la firma