El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, y el defensor Adjunto para la zona sur, Gabriel Savino, encargado de la problemática ambiental dentro del organismo, tomaron intervención ante diversos organismos nacionales, provinciales y municipales por la quema en diferentes zonas del delta del rio Paraná. La institución, como organismo encargado de proteger y promover los derechos fundamentales del individuo y los intereses difusos o colectivos de la comunidad, envió pedidos de informes al Directorio del Plan Integran Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (Piecas), el Área de Control de Fuego del Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Ambiente de la Nación, Vialidad Nacional, Prefectura Naval Argentina, el Ministerio de Seguridad santafesino, las carteras ambientales de la provincias de Santa Fe y Entre Ríos y las municipalidades de Rosario y Victoria.
Los defensores remarcaron que es de público conocimiento el daño ocasionado por la quema de pastizales en las islas, y el deterioro constante de la flora y fauna. Y consideraron que la repetición de esto año tras año evidencia el fracaso en las políticas públicas por parte de los Estados competentes, no solo desde el punto de vista sancionatorio sino y, mucho más importante, desde el preventivo.
“Es imprescindible entender la situación en el marco de la Agenda 2030 y sus objetivos en cuanto a desarrollo sostenible, sin dejar de lado lo establecido en los Tratados Internacionales, específicamente la Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, el artículo 41 de la Constitución de la Nación Argentina, la Ley General del Ambiente de la Nación, la Ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Control de Actividades de Quema en todo el territorio nacional y la legislación local aplicable”, exhortaron los defensores.
La Defensoría del Pueblo viene trabajando en esta temática hace años en cada una de sus jurisdicciones, difundiendo la conciencia y la educación ambiental. “Sin embargo, lamentablemente, hemos advertido que esta problemática que se desarrolla en forma reiterada desde hace más de una década no ha sido incorporada en la agenda pública, ni atendida con el grado de responsabilidad que la situación amerita”, expresaron Lamberto y Savino, quienes además estimaron que “los incendios que se vienen intensificando desde hace aproximadamente dos semanas en distintos focos en todo el delta agudizarán la crisis climática existente”.
La zona afectada incluye un área con características ecológicas únicas en Argentina, considerada en peligro y que cuenta con alta prioridad de conservación. Los humedales de la extensa planicie aluvial cumplen un importante papel de regulación hidrológica y constituyen un formidable corredor biogeográfico en el que conviven especies de regiones tropicales, subtropicales y templadas que resultan en una gran diversidad de ambientes, flora y fauna. El sistema es reservorio de biodiversidad, brindando alimento, refugio y sitios de reproducción a numerosas especies de peces, algunas de ellas migratorias, así como especies de aves, reptiles y mamíferos que presentan algún grado de amenaza.
La Defensoría del Pueblo de Santa Fe se comprometió, ante Naciones Unidas, a vigilar el cumplimiento de la Agenda 2030. Dos de los objetivos de desarrollo sostenibles incluidos en ella, el 13 (Acción por el Clima) y 15 (Vida de Ecosistemas Terrestre), declaran como premisa fundamental que los bosques, como los humedales, son moderadores del clima aportando un sin número de servicios ambientales y posibilitando la vida en el planeta. Y subrayan que en los diferentes acuerdos internacionales se convino la protección y reforestación de estas áreas como moderadoras del clima.
“Es público y difundido mundialmente cuáles son las consecuencias que este tipo de incendios están ocasionando en otros ecosistemas, operando en un círculo vicioso: a medida que aumenta la cantidad de incendios, también lo hacen las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentando la temperatura general del planeta y los fenómenos climáticos extremos, como intensas sequías. Además de aumentar las emisiones, la deforestación contribuye directamente a un cambio en los patrones de lluvia en la región afectada, extendiendo la duración de la temporada de sequía, afectando así a los ecosistemas, la biodiversidad y la salud humana”, advirtieron los defensores del Pueblo.
Lamberto y Savino, en los escritos, recordaron finalmente que el artículo 8 de la ley 26.562 establece que la Autoridad Nacional de Aplicación articulará, en el ámbito del Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema), la implementación de políticas preventivas, el apoyo a las estrategias de manejo del fuego, la alerta temprana y el combate rápido y eficaz de los incendios, a efectos de hacer posible mantener los ecosistemas y sus procesos con una gestión integral.