El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, participó este martes de la audiencia pública 101 convocada por la Secretaría de Energía de la Nación para tratar el cuadro tarifario de distribución y transporte de gas natural, que en esta región está a cargo de la empresa Litoral Gas. Durante su exposición, señaló que la institución no cree “razonable ni oportuna la modificación tarifaria del servicio público de gas por redes en la zona del litoral, considerando la realidad económica y social mencionada además del impacto de los aumentos otorgados en los últimos años que no tienen proporcionalidad con los ingresos ciudadanos”.
Lamberto comenzó su intervención recordando que, entre el fallo Cepis y 2019, “en todas las audiencias la Defensoría del pueblo de Santa Fe, y del resto del país, repetían al unísono que las tarifas propuestas, los aumentos solicitados, en ningún caso reunían los requisitos de razonabilidad, proporcionalidad, gradualidad y certeza exigidos por la Corte Suprema”. Señaló a continuación que esos planteos no fueron atendidos. Y que ahora, en el decreto que convocó a nuevas audiencias, el Ejecutivo admite que se ha “demostrado como un hecho de la realidad que las tarifas de ambos servicios no resultaron justas, ni razonables ni transparentes”.
En ese sentido, criticó que el Ente Regulador del Gas (Enargás), “en su anterior composición”, no observó esos reclamos y “aprobó sistemáticamente todos los aumentos solicitados por las licenciatarias, cuestión que interpela el rol institucional de ese organismo cuando no cumple plenamente su función de contralor”. Por lo que pidió que en esta ocasión “el apartamiento de lo solicitado por usuarios, defensorías y organizaciones no gubernamentales sea debidamente fundado conforme lo exige el sistema republicano”.
Respecto de la actualización solicitada en esta oportunidad, que es del 50 por ciento para los segmentos de distribución y transporte, el defensor santafesino recordó que los incrementos “aprobados en el período de enero de 2016 y abril de 2019 estuvieron en el orden del 1.000% (sin el congelamiento dispuesto a partir de octubre de 2019 el aumento hubiese sido del 2.067%)”. Y analizó: “Esos incrementos tarifarios no fueron acompañados por inversiones que posibiliten un mayor acceso al servicio por parte de los santafesinos. Según información publicada, a nivel nacional, entre 2016 y 2019 -a pesar de los aumentos tarifarios aprobados- se incorporó un 38% menos de usuarios residenciales a la red de gas que en años anteriores”.
También criticó que “la red de gasoductos solo sumó unos 48 kilómetros durante el mismo periodo”. “En este punto particular, desde la Defensoría del Pueblo fuimos muy críticos de la RTI aprobada y uno de los cuestionamientos realizados en audiencia pública fue el programa de inversiones de las empresas licenciatarias en virtud que el mismo se sostenía íntegramente en las tarifas”.
Lamberto indicó que si al 50 por ciento de incremento solicitado para el tramo de distribución y transporte, se le adiciona la suba que tendrá el concepto de gas en boca de pozo tratado en la audiencia de este lunes, “las tarifas finales tendrían un incremento cercano al 60 por ciento”. Y sentenció: “Creemos que eso es imposible de prosperar en el contexto socioeconómico que estamos viviendo”.
El funcionario santafesino también aprovechó para señalar que en el decreto de convocatoria a la audiencia se hace mención a que Enargás remitió al Ejecutivo los resultados de las auditorías y revisiones llevadas adelante sobre el proceso de actualización tarifaria previo, pero esos datos no se compartieron en esta oportunidad. “Estimo que esa información debió ponerse a disposición de todos los interesados para la presente audiencia pública, dichos resultados sin dudas serían relevantes para analizar y contrarrestar lo informado por las licenciatarias. En fin, si bien se desaprovechó esta instancia para brindar a los usuarios la información relativa a las auditorías pedimos al Enargás que proceda a hacer público los resultados de las mismas”, solicitó.
Como conclusión, el defensor del Pueblo santafesino señaló: “En el análisis de la actualización tarifaria de este servicio público esencial no se puede soslayar la realidad económica, social y sanitaria de los usuarios. Además, las tarifas sujetas a revisión parten de valores altos, para tener en cuenta: en el 2020 las tarifas de gas y electricidad representaron un 4,3% del salario, al nivel de los años 90 y solo superado por los años 2018 y 2019, es decir, cualquier aumento aprobado no será inocuo para los usuarios debiéndose por ello considerar todas estas aristas en la determinación del nuevo cuadro tarifario”.
Y cerró: “No creemos razonable ni oportuna la modificación tarifaria del servicio público de gas por redes en la zona del litoral, considerando la realidad económica y social mencionada además del impacto de los aumentos otorgados en los últimos años que no tienen proporcionalidad con los ingresos ciudadanos”.