El defensor del Pueblo ad hoc Gabriel Savino mantuvo este martes una reunión con trabajadoras sociales referentes de distintos Centros de Salud Municipales, con el fin de profundizar el abordaje institucional frente a las dificultades generadas por el nuevo proceso de auditorías sobre Pensiones No Contributivas (PNC), dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional.
El encuentro, que se realizó en la sede Rosario de la institución, fue la continuación de la reunión del pasado 4 de abril, en la que la Defensoría del Pueblo convocó a organizaciones del ámbito de la salud y la discapacidad, así como a autoridades provinciales, para manifestar su preocupación por la falta de planificación, la escasa información oficial y el impacto negativo que estas medidas generan sobre personas en situación de extrema vulnerabilidad. Tal como se informó entonces, las auditorías fueron encomendadas al Hospital Italiano de Rosario, prestador de Pami, y alcanzan a más de 12.000 beneficiarios en la región.
Durante esta nueva instancia, Savino expuso en detalle las facultades de la Defensoría en la materia, así como las gestiones realizadas desde el mes de febrero, incluyendo las notas remitidas a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la reunión mantenida con autoridades del Hospital Italiano, responsable de la revisión de las Pensiones No Contributivas dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional. También se recordó que se ha solicitado la prórroga de los plazos, la suspensión de medidas punitivas y la publicación de un padrón público de beneficiarios y turnos asignados, a fin de garantizar transparencia y accesibilidad en el proceso.
La preocupación se mantiene vigente, ya que muchas personas con discapacidad aún no saben si sus pensiones han sido sujetas a revisión, al no haber recibido notificación formal alguna. Se destaca la alta tasa de inasistencia a los turnos asignados, estimada en más del 50 por ciento, lo que refuerza la incertidumbre generalizada. Esto resulta particularmente grave si se considera que el Gobierno Nacional anunció que la etapa de evaluación culminará el próximo 8 de mayo, lo que podría dejar a cientos de personas sin cobertura ni explicaciones.
Durante la reunión se intercambiaron experiencias territoriales y se identificaron múltiples problemáticas que persisten, como la incertidumbre sobre el destino de quienes aún no han sido notificados, las dificultades para tramitar prórrogas, la falta de canales oficiales de consulta accesibles, el colapso del primer nivel de atención y la imposibilidad de muchas familias de afrontar los traslados.
Todos y todas las participantes manifestaron su preocupación ante un posible corte arbitrario de pensiones, sin garantías suficientes ni dispositivos de contención para las personas afectadas.
Además de Savino, participaron por parte de la Defensoría: Érika Scarano, personal de Gabinete; Mariano Vodanovich, director de Asuntos Legales; Facundo Vidal Valls, del Área de Salud y Discapacidad; María Laura Pasquero, directora del Centro de Asistencia a la Víctima; Gabriela Colombo, integrante del equipo del CAV, y personal del Órgano de Revisión en Salud Mental.
También asistieron trabajadoras sociales de los Centros de Salud Municipales Luchemos por la Vida, Staffieri, Casal, Santa Lucía, Maradona, Eva Duarte, Toba y de la Dirección de Trabajo Social de la Secretaría de Salud Municipal.
La Defensoría continuará articulando con equipos, organizaciones e instituciones del ámbito de la discapacidad y la salud, promoviendo una respuesta integral, accesible y respetuosa de los derechos humanos frente a este escenario de extrema sensibilidad social.