El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, presentó junto al rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, el libro Progresos y desafíos II, evaluación de avances de los derechos en la provincia de Santa Fe: alimentación adecuada, el trabajo y el medio ambiente. La publicación fue desarrollada por el área de Investigación y Evaluación en Derechos Humanos que está conformada por representantes de la Defensoría y la Universidad.
Dando inicio a la jornada, Raúl Lamberto, tomó la palabra y describió cómo surgió el objetivo de investigar las políticas públicas: “Hubo dos hechos importantes para las Defensorías, uno fue el encuentro de organismos nacionales de Derechos Humanos en Mérida y el segundo fue el encuentro de Quito que conocemos como Habitat III”, y continuó: “En ambos encuentros las Defensorías asumieron un compromiso de hacer un seguimiento de políticas públicas y cuando nos tocó decidir cómo lo íbamos a trabajar surgió la idea de llevarlo adelante a través de la Universidad Nacional de Rosario”.
En relación a la publicación, el defensor enumeró los tres ejes principales del trabajo: “Uno es el derecho de alimentación adecuada y sabemos el impacto que ha tenido en la gente vulnerable en el contexto de la pandemia, el segundo es el derecho al trabajo que lo combinamos con el trabajo que está haciendo la Universidad del Litoral vinculado a la política económica, social y solidaria porque frente a la ausencia de empleo registrado era necesario empezar a buscar alternativas de trabajo y el tercer tema es el tema del presente y del futuro, que está vinculado a la problemática del ecosistema del delta del Paraná, que es el medio ambiente sano”.
A su turno, Bartolacci remarcó que “muchas veces suele pasar con estos proyectos que en contextos o coyunturas excepcionales solemos dejarlos para mejores tiempos, creo que ha sido una decisión saludable sostenerlo por el aporte que esto significa”, y en relación al alcance de la publicación enfatizó en la importancia de las investigaciones “como un insumo necesario para los procesos decisorios en todos los niveles del Estado, y ahí la universidad pública tiene necesariamente que hacer un aporte de poner toda la producción de conocimiento de excelencia al servicio de los distintos niveles del Estado para que la sociedad que podamos construir en base a esos análisis rigurosos en función de las intervenciones que se desprendan de sus conclusiones sea mejor”.
En este sentido, el rector de la UNR describió: “Desde que iniciamos la gestión institucional los temas que aquí se mencionaron atraviesan cada una de las áreas de intervención de la UNR”, y reflexionó: “Por supuesto que los problemas son muchos y muy complejos, pero en la complejidad y en la dimensión de esos problemas no me cabe ninguna duda que la cuestión de la alimentación, del ambiente y del trabajo refieren a temas absolutamente centrales y estratégicos que deben ser jerarquizados”, y concluyó: “En este diálogo colectivo entre la Defensoría y la universidad pública, en esta construcción colaborativa del mundo del pensamiento, de la ciencia ponemos en evidencia esa vocación de participar activamente y de construir una institución íntimamente y estrechamente vinculada con los problemas, los actores y la agenda de su tiempo”.
Continuó haciendo uso de la palabra, el secretario Adjunto de ATE, Marcelo Delfor, que expresó: “Nosotros representamos a los trabajadores públicos de la provincia de Santa Fe, somos quienes tenemos que implementar las políticas públicas por lo que todo lo que podamos aportar desde el sindicato para que estas políticas públicas sean cada vez más garantistas y colectivas ahí estaremos presentes”.
Por su parte, la dra. Silvia Levín, Directora General y Académica del Equipo de Evaluación de Políticas Sociales y Derechos Humanos, destacó: “Esta trayectoria que definimos desde 2017 hasta la actualidad implica el reflejo de un crecimiento, no solo del equipo sino también del área de Investigación y de evaluación en Derechos Humanos que forma parte de la Defensoría del Pueblo y la Universidad Nacional de Rosario. Ese crecimiento se ve probado y es puesto de manifiesto con las publicaciones sistemáticas que el equipo ha logrado y que reflejan el trabajo de cada una de las etapas en que se ha trabajado y ha evaluado a nivel local y nivel provincial”.
En cuanto al espacio de investigación y sus publicaciones, Levín enfatizó: “Se ha consolidado a través del trabajo de evaluación que lleva adelante el equipo una plataforma política e institucional de evaluación de derechos humanos a nivel territorial”, y remarcó: “Lo interesante de esta construcción colectiva es que no solo favorece causas públicas sino que también beneficia a gobiernos y a sociedades que llevan a cabo acciones transformadoras, fundamentalmente desde las organizaciones sociales y desde los movimientos sociales que de algún modo fortalecen esta plataforma de acción política”.
Por último, las integrantes del equipo de investigación mg. María Alejandra Ingaramo, Coordinación Técnica, mg. María Angélica Pignatta, Coordinación Técnica, y las licenciadas Luciana Araya, Cecilia Cappelletto y Mariana Díaz, realizaron un repaso técnico del marco conceptual y metodológico que utilizaron para organizar la investigación presentada.
El libro
Evaluación de avances de los derechos en la provincia de Santa Fe: alimentación, trabajo y medio ambiente, es un trabajo realizado por el Equipo de Evaluación en Políticas Sociales y Derechos Humanos sobre tres problemáticas que afectan en un sentido global a las posibilidades de construir una sociedad más justa e inclusiva: el derecho a la alimentación adecuada, el derecho al trabajo y el derecho a un medio ambiente sano; presentando como innovación, pionera en el país y la región, la utilización de indicadores de derechos humanos para la medición de avances en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la provincia de Santa Fe.
En el Siglo XXI el enfoque de derechos ha adquirido más protagonismo en Argentina. Fue impulsado, en todo su recorrido, por organismos internacionales y regionales de derechos humanos, estudios e investigaciones sistemáticas con base empírica y el activismo de las organizaciones y movimientos sociales. Interpela la agenda pública, activa luchas sociales, conquista transformaciones e impulsa la práctica política gubernamental. No es un camino lineal, atraviesa marchas y contramarchas, que se inscriben en su mayoría en escenarios políticos fluctuantes, favorables a la ampliación o a la restricción de derechos.
En esa puja, se identifica la brecha que existe entre la efectividad real que logran satisfacer los derechos a través de las políticas y el reconocimiento formal que les otorgan las leyes. El proceso por el que atraviesa el enfoque para institucionalizarse es dinámico y sinuoso, no obstante ello la evaluación es una herramienta eficaz tanto para la acción gubernamental como para la sociedad civil, por cuanto contribuye a valorar críticamente, sobre la base de evidencia empírica (Hallazgos) la medida de las brechas entre las políticas y los derechos (progresividades, regresividades, estancamientos, alertas, senderos estratégicos) y el camino más eficaz para tratarlas (Recomendaciones). En el ritmo de ese proceso, como se puede ver en esta evaluación a nivel provincial, se genera un aprendizaje entre la práctica política gubernamental y la acción colectiva.
El abordaje de diversas cuestiones analíticas que encara el enfoque, y que no son autónomas sino que muchas se entrecruzan entre sí, constituye un verdadero desafío para los derechos: el desenvolvimiento de la democracia sustantiva y el modelo de desarrollo en el marco de un capitalismo global; las coyunturas políticas y de gobierno con la implantación de modelos e ideologías políticas, socioeconómicas, productivas y redistributivas diversas; las tensiones entre federalismo y centralismo que se trasladan las relaciones, coordinaciones o disociaciones entre niveles jurisdiccionales del Estado en relación a las políticas públicas; la puja política por la ampliación del campo público que abren los derechos; así como también las tensiones que instala al interior de la gestión pública la lucha por la igualdad, en una cultura del privilegio que no da tregua y ante la persistencia de modelos políticos conservadores.
El equipo de investigación
El Área de Investigación y Evaluación en Derechos Humanos, es un ámbito de producción de conocimiento de carácter académico y de carácter práctico, de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe y de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en el que se desarrolla un trabajo sistemático de investigación y de evaluación de avances en derechos sociales en el territorio santafesino, a nivel provincial y municipal, conforme a los compromisos internacionales asumidos por el Estado en la materia. Para su desempeño utiliza metodología científica así como también fuentes de información oficiales, válidas y confiables (primarias y secundarias).
Su propósito es la evaluación del estado de avance de los derechos sociales en el territorio provincial que pueda resultar de utilidad al gobierno provincial en la toma de decisiones para sus intervenciones públicas y pueda orientar transformaciones institucionales, en los tres poderes del Estado en materia de derechos humanos, ya que ambas inciden en la calidad de vida de la población y, en particular, de la más vulnerada. Al mismo tiempo, la evaluación, además de relevar y sistematizar información pública existente, impulsa para su cometido la producción de información pública con enfoque de derechos humanos de carácter federal, que contribuye a nutrir al Estado en los procesos de gestión pública.
Investigación y evaluación, se entrecruzan como actividades que, si bien forman parte de un mismo proceso de indagación sistemático, de carácter científico, aplicado y de producción de conocimiento, poseen distinta naturaleza, objetos de estudio, finalidades, metodología, resultados, etc; aspectos que las diferencian entre sí. La experiencia del equipo en este trabajo permitió constatar que se trata de actividades que, por momentos, se contactan para retroalimentarse, y por otros, se separan por su propia especificidad.
La investigación, consiste en un proceso de indagación sistemática, aplicada o no, cuyo objeto de estudio suelen ser los problemas, sus características y su evolución (en abstracto o en concreto) que las intervenciones públicas intentan abordar. La evaluación, consiste en un proceso de indagación sistemática siempre aplicada, cuyo objeto de estudio son las intervenciones públicas producidas por el Estado para abordar problemas en un contexto y tiempo determinados, y así emitir valoraciones (juicios) sobre sus resultados, posibles efectos y recomendaciones a futuro.
Descargá el libro: www.defensoriasantafe.gob.ar/publicaciones/progresos-y-desafios-ii-evalu...