La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe envió este viernes oficios a los ministerios de Salud y de Educación manifestando preocupación por los efectos de la implementación de clases virtuales en los niños con discapacidad que han accedido a la escolarización tradicional con integración, dado que padres se han presentado en la institución señalando que la modalidad adoptada en el marco de la pandemia impide su aprendizaje. En ese marco, también consultó sobre la existencia de algún protocolo especial para estos casos y la posibilidad de implementar clases presenciales adoptando todos los recaudos necesarios.
“Hemos recibido inquietudes de padres que manifiestan que la pandemia que nos aqueja y la consecuente realización de clases mediante sistemas informáticos (denominadas clases virtuales) ha afectado considerablemente la educación de sus hijos”, señalan las notas remitidas por la Defensoría del Pueblo, en las que se manifiesta “preocupada por la situación”.
En los oficios se especifica que, “a los problemas que les tocó vivir a todos los niños por la pandemia, en el caso de aquellos con discapacidad debe agregarse el hecho de que las tecnologías no son siempre accesibles, y en casos de niños con discapacidad intelectual o incluso con dificultades de aprendizaje leves, como los trastornos de déficit de atención, encontrar la motivación propia para trabajar de forma independiente frente a una computadora es muy dificultoso”. A ello se le suma “la pérdida de la rutina diaria que la escuela proporciona”, lo que transforma la educación en “una verdadera odisea, especialmente para alumnos con discapacidades como las del espectro autista, que se caracterizan por la extrema sensibilidad al cambio”.
La Defensoría del Pueblo alertó además que esta situación “es realmente preocupante para las familias que observan que la pandemia opera en detrimento de la formación e inclusión de sus hijos, ante la interrupción también de servicios ambulatorios de apoyo a los alumnos con discapacidades: centros de educación terapéutica, educación y estimulación en la primera infancia, educación básica, apoyo educativo, servicios de apoyo a los maestros, servicios de ayuda a la integración escolar y escuelas especiales”.
En este contexto, la defensoría manifestó a los ministerios de Salud y Educación que “en otros puntos del planeta se han ideado protocolos y mecanismos para sortear esas dificultades”. Y, a continuación, les consultó “si existe en nuestra provincia protocolo alguno que facilite la educación a distancia de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, y en particular si está contemplada, en la actualidad o para el futuro cercano la posibilidad de educación presencial –con los resguardos necesarios─ para que este grupo que merece especial protección por su hipervulnerabilidad, pueda acceder a su derecho a la educación”.