Durante la segunda jornada del 3° Congreso de Justicia Restaurativa y Derechos Humanos: Promoviendo Prácticas Restaurativas como Políticas Públicas, se presentaron cinco mesas bajo las consignas Experiencias, problematización y construcciones sociales: explorando los límites de la Justicia Restaurativa en el campo ambiental y de género; Diseño e implementación de Políticas, Programas y/o Prácticas Restaurativas; Incidencias judiciales e internacionales en Políticas y Prácticas Restaurativas; Diálogos: interdisciplina, transversalidad y humanización de las intervenciones; y la presentación del libro "Justicia Restaurativa: aportes y reflexiones sobre el campo restaurativo y la cultura de paz".
Es de destacar, que la propuesta de este tercer congreso procura socializar buenas prácticas restaurativas de distintos ámbitos de aplicación (ejecutivo, legislativo, judicial y no gubernamental) a nivel local, nacional y latinoamericano, buscando formar una red de personas e instituciones comprometidas con el desafío de restaurar nuestra propia humanidad promoviendo una cultura del buen convivir sostenida en el respeto de la dignidad humana, el encuentro, el diálogo y la fraternidad, genuinos valores para la edificación de paz.
ENTIDADES ORGANIZADORAS
En esta oportunidad, la organización del Congreso contó un nutrido número de instituciones que decidieron formar parte y aportar a la realización del evento dando cuenta de la creciente importancia que las organizaciones le asignan a la Justicia Restaurativa, entre las que están la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, la Defensoría General de Lomas de Zamora (Buenos Aires), la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional de Lanús (Unla), la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, el Instituto de Mediación de México, la Alianza Global para Ministerios e Infraestructuras para la Paz (Gamip) Latinoamérica, el Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO), la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y la Asociación Civil de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina (Adepra).
El panel 4 se desarrolló bajo la consigna Experiencias, problematización y construcciones sociales: explorando los límites de la Justicia Restaurativa en el campo ambiental y de género y contó con la participación de Violeta Maltos y Claudia Villavicencio del Instituto Internacional de Justicia Restaurativa (México) y de la Directora del Observatorio de Violencias de Género de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales FCJS – UNL, Paula Spina. La mesa fue coordinada por Florencia Beltrán, integrante del Instituto de Derechos Humanos y Justicia de la Universidad Nacional de Lanús.
Violeta Maltos fue la encargada de dar inicio a las exposiciones y su ponencia se basó en abordar conceptualmente la justicia restaurativa: “Más que hablar del concepto hay que hablar de varios conceptos e ideas sobre la justicia restaurativa. Yo voy con la idea de que más que conceptos hablamos de principios, mientras sigamos estos principios como una brújula en cada caso escuchando a cada persona podemos ir tomando decisiones con un enfoque restaurativo”.
En este sentido, detalló los cincos principios a los que hace referencia: “Estos cinco principios son: Centrarse en los daños y necesidades de las principales afectadas, pero también de la comunidad y de las personas que causan daños; Atender las obligaciones que esos daños conllevan: persona que causó el daño, comunidad y Estado; Usar procesos incluyentes y colaborativos; Involucrar a todas las personas que tengan interés legítimo en la situación; y Procurar la reparación integral del daño”.
Por último, señaló que “desde 1990 gracias a la experiencia de Sudáfrica con el apartheid y la manera de responder a ella empezó a conceptualizarse y a crecer la conceptualización de la justicia restaurativa como evento social y entonces tenemos este concepto en marcha y toda esta cuestión que viene sobre comunidades restaurativas, como un movimiento social que tiene el objetivo de crear relaciones interpersonales e institucionales, e instituciones sociales que fomenten dignidad humana, igualdad, libertad, respeto mutuo, compromiso democrático y gobernanza colaborativa”.
Por su parte, Claudia Villavicencio explicó el modelo que desarrolló para aplicar la justicia restaurativa en materia familiar en México y que incluye prácticas, círculos de sentencia, equipo multidisciplinario, seguimiento, valores, pilares y epistemología, programas, capital social, política pública, filosofía y procesos.
“Habiendo trabajado en prácticas restaurativas con adolescentes y sus familias advertí que este tipo de prácticas no eran exclusivas de poder ser aplicadas en el ámbito penal, de pronto también hay que despenalizar a la justicia restaurativa, hay que advertir no debemos limitar el horizonte a la mirarla solo en el ámbito penal”, expresó.
“La justicia restaurativa versa en el sentido de involucrar a todo aquel que tenga interés en atender una ofensa”, afirmó y preguntó: “Díganme ustedes si los jueces, los magistrados, los abogados de familia, las fiscalías, las defensorías no deben tener ese interés en involucrarse”, y concluyó: “Apostarle a la paz desde las familias es una apuesta certera a la paz porque la paz se construye desde las familias”.
Como cierre de panel, hizo uso de la palabra Paula Spina quien planteó una seria de preguntas sobre las que invitó a reflexionar: “La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si la justicia restaurativa es un capítulo necesario en el marco de esta demanda por una justicia feminista”, y continuó: “El hecho de la forma en que construimos y conceptualizamos nuestros problemas tienen un impacto directo en los posibles marcos de solución. La forma de construir y pensar los problemas proyecta la posibilidad de imaginación en cuanto a respuestas y marcos de soluciones posibles”.
“Hay una construcción de los feminismos acerca de una pedagogía centrada en la necesidad de desarrollar una crítica y reflexión profunda y sostenida sobre el carácter generizado y masculinizado que tiene la estructura judicial en sus manifestaciones tradicionales” describió e invitó a la reflexión: “Es muy importante poder pensar cuál es el modelo de justicia que queremos, si queremos seguir construyendo esta narrativa centrada en el castigo o si efectivamente queremos avanzar, en el campo de las violencias de género, hacia otra forma de justicia más bien centrada en la gestión del conflicto y las reparaciones”.
El panel 5 se denominó Diseño e implementación de Políticas, Programas y/o Prácticas Restaurativas y estuvo integrado por la Directora Nacional para Adolescentes Infractores de la Ley Penal, Gloria Bonatto; Fernanda Strático, integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Gabriela Perez Eusebio de la Universidad Iberoamericana de República Dominicana; Lácides Hernández de la Confraternidad Carcelaria de Colombia; Hernán Olaeta de la secretaria de
Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina; y Abraham Colque Jimenez del Sistema Penal Juvenil en Bolivia. El panel contó con la coordinación de vicepresidenta del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (Brasil), Alba Martijn.
Gloria Bonatto dio comienzo al panel, y destacó que “el enfoque restaurativo en la justicia para adolescentes es un desafío para generar una justicia participativa donde víctima, victimario, la sociedad y el Estado tengan un rol importante en la resolución de los conflictos”, a la vez que comentó que “en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Argentina entendimos que había que crear un área específica de Justicia Restaurativa. Así lo hicimos. Para ello, y a través de la capacitación, fuimos formando y construyendo conciencia en los distintos equipos que tenemos y proponiendo adecuaciones en las normativas de cada una de las jurisdicciones de nuestro país. Generamos guías y documentos para los operadores”.
“Con el enfoque restaurativo en el sistema penal de adolescentes buscamos que estos no sean sometidos a procesos y que sean considerados como un sujeto activo y como un par”, agregó y enfatizó en que uno de los desafíos que tenemos es “que los órganos del sistema de Niños, Niñas y Adolescentes y del sistema penal hagan suyas las prácticas y la justicia restaurativas”.
Posteriormente, tomó la palabra Fernanda Strattico quien durante su presentación trazó un paralelismo entre la actividad en materia de arte y la actividad en el arte de nuestra materia: “El cómo conservar y restaurar una obra de arte tiene muchos puntos de contacto con las prácticas restaurativas incorporando las miradas de los actores de los conflictos, tanto víctimas como ofensores y la misma sociedad”.
También, destacó que en “el Centro de Mediación del Consejo de la Magistratura tenemos actividades de reparación del tejido social cuando el daño ya fue hecho, además de las mediaciones y facilitaciones”, y agregó: “En los encuentros restaurativos para la composición del conflicto buscamos que no haya una historia de violencia crónica y los participantes muestren voluntad al cambio. Es un espacio de reflexión sobre el daño producido y su posible reparación”, y describió que entre las actividades se incluyen “talleres individuales y colectivos destinados, mayoritariamente, a varones que han cometido delitos promoviendo su autoconocimiento y valoración. Estos talleres han arrojado resultados muy satisfactorios”.
A su turno, Gabriela Pérez Eusebio expuso sobre las prácticas restaurativas en el ámbito escolar a partir de la experiencia del programa Transformando con el Corazón”: “La pandemia nos puso en la necesidad de tomar conciencia de que estamos en una nueva normalidad, hay otras formas de hacer las cosas. Las prácticas restaurativas se constituyen en una nueva caja de herramientas mediante la cual buscamos que los estudiantes tengan una visión positivista a través del enfoque restaurativo. Si hay una visión positiva, pues habrá acciones positivas”.
En este sentido, describió que “la práctica de círculos de diálogo permitió que los estudiantes que provocaron algún daño comprendan lo hecho y lo que eso provoca en el ofendido, y también permite que puedan tomar conciencia a la vez que les da la oportunidad de diseñar estrategias para reparar lo que esa acción ocasionó”, y advirtió: “También advertimos que cuando citábamos a los padres de los estudiantes, la reacción de éstos hacia sus hijos eran de contenido punitivista, de modo tal que detectamos la necesidad de trabajar con las familias en el enfoque restaurativo, para que en el mismo seno familiar se procuren prácticas restaurativas, tan necesarias en época de pandemia”.
Luego, fue el turno de Lacides Hernández quien señaló que “la justicia restaurativa y los derechos humanos tienen mucho en común, es tiempo de pasar de los argumentos a las prácticas y este Congreso es un grito para que se promuevan prácticas restaurativas como políticas de Estado”.
“Colombia avanzó mucho en la justicia restaurativa juvenil, pese a lo cual ésta no tuvo el mismo recorrido en la justicia penal para adultos, se la mira con bastante recelo. Pareciera que no alcanzan las recomendaciones de expertos y organismos para pasar de los principios a la práctica”, enfatizó y describió: “Hemos aplicado justicia restaurativa a entornos como las prisiones, y logramos un cambio en sus prácticas y la pacificación de esos lugares. Y así como fuimos allí estamos aplicándola en muchos ámbitos de conflicto como el proceso de pacificación a través de los acuerdos con las FARC, o en casos de abuso sexual o con los militares involucrados en los denominados falsos positivos”.
Por último, analizó: “Cuando se produce el encuentro entre el ofensor y el ofendido cambia el discurso, el ofensor se transforma. Debemos hacer con la justicia restaurativa un movimiento que aporte al mundo más justicia, más humanización y más paz”.
A su turno, Hernán Oleatta comentó el programa de incorporación de prácticas restaurativas en el ámbito del poder Ejecutivo argentino, más precisamente el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación “para torcer las prácticas administrativistas y punitivistas”, y destacó: “En ese sentido hicimos cursos de capacitación con personal de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia y también con dependencias homólogas provinciales”.
Por último, manifestó el objetivo planteado en dicho organismo: “Buscamos fomentar este tipo de sensibilizaciones en el Poder Ejecutivo algo que necesita el Poder Judicial argentino. Las últimas modificaciones normativas permiten a los jueces contar con herramientas procesales válidas para que introduzcan la justicia restaurativa”.
Como cierre de panel, tuvo lugar la presentación de Abraham Colque Jiménez quien expresó que “en mi país no tenemos mucho recorrido en las prácticas restaurativas pero a partir de 2014, cuando se sancionó la ley de Niños, Niñas y Adolescentes, y en ella el sistema penal juvenil boliviano, hubo un cambio de rumbo. Se pudo observar que hubo un sostenido crecimiento del número de adolescentes que cometían delitos, esencialmente varones”.
En este sentido, comentó que los jueces, en los delitos menores a 3 años de condena, tienen una gama de posibilidades para evitar que al adolescente se lo judicialice, que van “desde medidas socioeducativas que se cumplen en libertad brindando un servicio a la comunidad, hasta la reparación del daño, antes de que llegue a sentencia”.
“Esta variedad de alternativas obligó a la creación de Centros de Orientación, que deben elaborar un plan para cada adolescente, con una mirada restaurativa, en el que se incorpora la voz de la víctima”, explicó y ahondó: “Trabajamos en la capacitación de las distintas instancias de la sociedad para que aplique prácticas restaurativas. La que más dificultades presenta en la capacitación es la Policía Boliviana”.
Abogó para que tanto los pequeños delitos como los más grandes sean resueltos con justicia restaurativa, siempre incorporando la mirada de la víctima, del ofensor y de la sociedad: “Tenemos en Bolivia una de las legislaciones más avanzadas en materia de Justicia Restaurativa pero pocas experiencias prácticas”, y señaló que entre los desafíos se encuentra “la necesidad de desarrollar puentes con la justicia indígena originaria y campesina, donde no siempre el castigo es lo primero”.
El panel 6 tuvo como eje la Incidencias judiciales e internacionales en Políticas y Prácticas Restaurativas y las presentaciones se dividieron en dos partes. En el primer tramo expusieron Juan Manuel Salgado integrante de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Ulf Chistian Nordenthal del Poder Judicial de Argentina y Silvina Ramírez también de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Este primer tramo contó con la coordinación de María José Bournissent de la Asociación de Abogados y Abogadas de Argentina de Derecho Indígena.
La segunda parte del panel estuvo integrada por Alejandra Paolini, integrante de CLADEM-UNR, Marcelo Trucco también intergrante de CLADEM-UNR, Libia Solorio Lozada del Poder Judicial de Querétaro, y por Reyler Rodriguez Chavez actual presidente de la Academia Mundial de Justicia Restaurativa. Esta segunda parte fue coordinada por María José Briz de la Universidad Católica del Uruguay.
Juan Manuel Salgado explicó las dificultades que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas para hacer efectivos sus derechos políticos a la participación y a la consulta en el Estado Argentino. Detalló los mecanismos ideológicos y racistas a través de los cuales muchos operadores jurídicos suelen decidir en contra de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y también dio cuenta de algunas rupturas en los sistemas que han dado posturas diferentes como la descolonización.
“Los derechos de los pueblos indígenas están inscriptos en lo que respecta a DDHH sobre todo en la temática del derecho internacional. Sin embargo, rebasan por mucho la concepción individualista en que nacieron los derechos humanos con posterioridad a 1945”, expresó y continuó: “La principal impronta que tienen los derechos de los pueblos originarios es la de la reparación de las experiencias coloniales, quienes han sufrido una experiencia de colonización incorporados por la fuerza a estados con condiciones diferentes a la propia”
“La Corte Interamericana ha dicho en una sentencia, el deber de consultar a la comunidad indígena sobre toda medida administrativa o legislativa que afecte sus derechos, así como la obligación de asegurar los derechos de los pueblos indígenas a la participación en la decisión de los asuntos que les conciernen”, explicó y aclaró: “Sin embargo, esto presenta un problema de comprensión para la mayoría de los operadores judiciales, ya que no está organizado para dar solución a problemas colectivos”.
“Gran parte de los conflictos con Pueblos originarios recaen en el ámbito privado y a los abogados no se nos ha preparado para solucionar este tipo de conflictos”, reconoció y señaló: “Es necesario cambiar la concepción que se tiene de los pueblos originarios y del abordaje que se hace de sus conflictos y resoluciones”.
A su turno, Ulf Chistian Nordenthal habló de la experiencia de incorporación del derecho indígena en el Proceso Penal de la provincia de Neuquén y cómo eso trajo a colación la posibilidad de incluir la mirada de la Justicia Restaurativa: “En 2014, se consensuó con las autoridades mapuches un documento que se dio en llamar Declaración de Pulmarí, reconociendo el derecho indígena aplicable en el proceso penal en la provincia de Neuquén”.
En este sentido, marcó que “la dificultad era cómo incorporar al sistema la resolución de conflictos en las comunidades mapuches”, y explicó que “por ello se realizó un trabajo de investigación llamado Proyecto Pulmarí en el que se hizo un relevamiento de la información de las costumbres ancestrales en lo que refiere al modelo de justicia y resolución de conflictos para generar mecanismos legales con esa información”, y continuó: “Se obtuvo como conclusión que todo el modo de resolución en el pueblo mapuche tiene que ver con su cosmovisión que entiende al ser humano no como unidad individual, sino que integra una unidad con la naturaleza y el resto del mundo y por lo tanto cada actitud que tenemos impacta en nosotros, en el resto y en la naturaleza”.
Profundizando la idea, añadió: “Así cuando realizamos cosas en contra de ese equilibrio de armonía, la comunidad busca restablecer vínculos y relaciones, y allí identificamos algunos aspectos de prácticas restaurativas: la participación comunitaria, no es una cuestión individual, todos participan en la resolución del conflicto; el encuentro a partir de la palabra, encuentro de diálogo; la restauración del vínculo y de reparar los daños cometidos; y la corresponsabilidad y autocrítica, la responsabilidad es compartida, reflexiona la comunidad entera”.
A su turno, Silvina Ramírez destacó la relación de familia entre la justicia restaurativa y la resolución de conflictos en los pueblos indígenas: “Tiene elementos de propender al diálogo, a los acuerdos, la reparación y la indígena tienen las mismas prácticas y elementos, pero no está dentro de la justicia restaurativa. El sistema indígena es independiente de la justicia ordinaria, es diferente, podemos identificar las relaciones, pero no confundir”.
“Existen derechos indígenas vigentes como los derechos políticos, pero asimismo derechos territoriales, bienes comunes naturales y mantenimiento de propias instituciones. Y el poder gestionar su propia conflictividad también es un derecho”, expresó y continuó: “El racismo y la discriminación nos vuelve a generar el mismo debate de hace décadas de la conformación del Estado moderno para desvalorizar a las comunidades indígenas. La propensión por una educación europeísta que nos hace daño ya que desconocemos sistemas de justicia indígena que gestionan su conflictividad de acuerdo a su propio paradigma”.
En el segundo tramo del panel, Alejandra Paolini presentó el caso C.E.R y explicó que “el Estado es demandado y da una respuesta desde el punto de vista de la restauración. Se da un proceso de reconocimiento de parte del Estado, y se inicia un proceso de negociación conciliación y posterior restauración”.
Profundizando en el caso, detalló que “la víctima es parte de una familia ensamblada del norte de la provincia de Santa Fe con bajo nivel de escolaridad y escasos recursos. En junio 2011 denuncia a su padre por abuso sexual incestuoso desde los 13 años. En 2011 se dicta procesamiento del padre por abuso carnal. Su hermana también era víctima de abuso y también los declara y denuncia. En marzo de 2012 lo absuelven con el beneficio de la duda. Y el 23 de agosto de 2012 se confirma la sentencia absolutoria y el fiscal de cámara no la apela”, tras esta situación “en noviembre de 2012 CLADEM E INSEGAR en representación de C.E.R presentan petición ante el comité de la CEDAW y denuncian contra el Estado Argentino prácticas judiciales, discriminatorias basadas en estereotipos culturales de género vulneradoras y garantías judiciales de la víctima”.
“El Estado violó sus obligaciones convencionales de la CEDAW, la víctima nunca fu informada de sus derechos, no fue notificada de las sentencias, no pudo aportar pruebas, se violaron graves deficiencias en función de jueces y fiscales en el proceso”, explicó y reflexionó: “La conclusión a la que llegamos fue una ausencia total del Estado en la protección jurídica de la víctima. Ineficacia de la investigación, graves inficionas de los funcionarios, descreimiento de la palabra de las víctimas, interpretaciones parcializadas”.
“Aquí es cuando en una novedosa práctica de parte del Estado, se da el reconocimiento de la responsabilidad y se da un proceso de reconciliación y restauración. A la víctima se le otorgó una vivienda, la posibilidad de completar sus estudios, actualmente es empleada de la provincia de Santa Fe, se le otorgó una indemnización monetaria. Pero fundamentalmente, se dio un reconocimiento público en medios de comunicación y en un acto con el gobernador presente con pedido de disculpas”, relató y culminó: “Esta agenda de reparación se completó con la conformación de cursos de violencia de género desde la perspectiva de género”.
A su turno, Marcelo Trucco rescató el proceso y cómo se puede aplicar una práctica restaurativa como respuesta por parte del Estado a la acusación de la violación de derechos: “De qué hablamos cuando hablamos de reparación. Volver las cosas al estado anterior, no es fácil porque son difícilmente reparables. Hay que posicionar la centralidad en la víctima desde el acompañamiento de las organizaciones y establecer agendas preparatorias para que la víctima se sienta parte de las decisiones que se van tomando”.
“Quiero destacar el sentido de la práctica restaurativa como política pública, no tener en cuenta solo la reparación económica. Lograr la no repetición y rehabilitación de la víctima, ofrecerle un proyecto de vida distinto, mejorarle la vida con estabilidad laboral, acompañarla a recomponer la situación familiar. El Estado que a partir del reconocimiento ofrece reparación pensando en la víctima y sus necesidades para que no existen nuevas víctimas”, dijo y remarcó “la importancia que tuvo el acto de pedido de disculpas organizado y encabezado por el gobernador Miguel Lifschitz”.
Luego dieron paso a la palabra de la víctima del abuso y protagonista del caso, Catalina Eva Rolón, quien agradeció la invitación y el espacio para contar su historia y animó a las mujeres y niñas: “Es posible hacer justicia, es posible ser escuchadas, cuesta, pero siéntanse acompañadas”.
Libia Solorio Lozada contó que desde 1999 el poder del Estado de Querétaro implementó un sistema de mediación para resolver conflictos y a lo largo de todos los años se sumaron instituciones públicas.
“Derivado de él se produce una primera acción donde se dan los conversatorios y uno de los temas es el origen e implementación del régimen condominal. En Querétaro existe un desconocimiento de la cultura condominal y en los últimos años hubo un crecimiento de las problemáticas que se dan dentro de los condominios“, describió y añadió: “La problemática que se da dentro del condominio impactan directamente como onda expansiva al resto de los condominios y se forman bandos dentro de los mismo condominios a favor y en contra de cada conflicto”.
Para contrarrestar esta situación explicó que “se implementó la organización de cursos destinado a los mediadores del municipio de Querétaro para capacitarse en temas que implican a cultura de la paz, derechos y obligaciones en el ámbito condominal”, y culminó: “Hay tenemos conformados diez grupos de veinticinco administradores de condominios a los que se va a capacitar en círculo de paz con el propósito de sensibilizarlos dentro de la convivencia y como responsables de transmitir la paz en el condominio”.
Para dar cierre al panel, hizo uso de la palabra Reyler Rodriguez Chavez quien destacó puntos importantes a sobre el impacto de las prácticas restaurativas: “Los procesos restaurativos pueden servir de instrumento eficiente en la prevención, puede haber programas restaurativos para infracciones y víctimas de manera conjunta; puede haber programas restaurativos que involucran a la comunidad; programas restaurativos habilitados por la ley o implementados en base a mecanismos convencionales y discrecionales”, y explicó: “Los procesos restaurativos pueden ser empleados antes del proceso judicial, durante el proceso judicial y en la ejecución de una sentencia judicial”.
En cuanto a lo que respecta a la prevención en relación a la víctima, remarcó “tener en cuenta la atención directa e inmediata de la víctima; la reparación desde el aspecto más amplios; la reparación que es más efectiva; que se contribuya a devolverle a ésta la seguridad y protección; y además así fortalecer el sistema judicial y la prevención”, y en relación al infractor señaló que la justicia restaurativa “lo ubica en un rol activo frente a la reparación de la víctima dándole una rehabilitación también; evitando la estigmatización y contribuyendo a la reflexión y el entendimiento”.
El panel 7 se desarrolló bajo la consigna Diálogos: interdisciplina, transversalidad y humanización de las intervenciones y el panel de oradores estuvo integrado por Marta Paillet de Gamip América Latina y el Caribe, Fernando Díaz Colorado de la Universidad Santo Tomás de Colombia, y Miguel Ángel Soto Lamadrid del Instituto de Mediación de México. El mismo fue coordinado por Evangelina Trebolle de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
La encargada de abrir las disertaciones fue Marta Paillet, quien destacó que “Las políticas que tenemos que definir los que estamos trabajando introduciendo el paradigma restaurativo dentro del paradigma punitivo, aún dominante, tenemos que ser personas que buscan el bien común y debemos estar dispuestos a luchar porque no va a ser fácil”.
En la misma línea, continuó: “Creemos firmemente que así como las instituciones de carácter privado no pueden resolver los grandes problemas, tampoco el Estado puede solo. Entendemos que los cambios de conciencia y los desafíos que estamos enfrentando requieren la participación en alianza productiva de lo público y lo privado y con eso estamos llamando a una transformación porque nos hemos mirado por mucho tiempo con una cierta desconfianza”.
“Este congreso ha mostrado ante nuestra mirada gozosa y esperanzada ser un ejemplo vivo del esfuerzo y la acción conjunta de lo público y lo privado, donde vamos dejando nuestros desalientos y nuestras desconfianzas mutuas para crecer en el camino de unirnos en medio de la diversidad”, destacó y enfatizó: “Tenemos un aprendido diálogo que no nos sirve, que pertenece al paradigma punitivo, que está esperando ganar a través de la descalificación del que tiene al lado y tenemos que aprender diálogos generativos, donde la escucha esté presente, donde sepamos que la responsabilidad de comunicación es del emisor”.
A su turno, Fernando Díaz Colorado expresó que: “Es solamente desde el año 1995 que las legislaciones de América Latina y del mundo en general comienzan a incluir dentro de sus sistemas penales una racionalidad distinta, un paradigma distinto que planteaba que ese sistema tradicional cojeaba, que no era justo, que ese sistema hacía agua y que no bastaba con el que el Estado venciera en juicio al sujeto, le fuera adjudicada una pena y fuera enviado a prisión para que el acto de justicia se diera”.
En cuanto al diálogo interdisciplinario señaló que “implica que los sistemas de justicia deben vincular criminólogos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, para generar unos programas de asistencia que permitan satisfacer las necesidades de quien acude a solicitar una de las más grandes necesidades que es el acto de justicia”, y culminó dando la perspectiva de la victimología: “Lo que plantea la victimología es que cuando alguien se acerca al sistema de justicia tiene tres necesidades absolutamente claves, la primera es que le crean que acepten su relato, la segunda es la posibilidad de poder expresar emociones que pueda expresar sentimientos y el tercer elemento que requiere la asistencia a las víctimas con tendencia restaurativa es que se puedan sentir seguras, que puedan saber qué va a pasar mañana”.
Por último, Miguel Ángel Soto Lamadrid se refirió al rol del mediador y analizó: “Si elevamos los niveles del conocimiento y hablamos de interdisciplina tenemos que admitir que la mediación es la consecuencia de la suma de varias ciencias que participan en la comprensión de las conductas humanas y los conflictos del hombre”.
“Hoy, en el siglo veintiuno, para ser un buen mediador no solamente tenemos que conocer las técnicas de la mediación, sino que tenemos que conocer mucho de psicología, de sociología, para conocer las causas y el contenido de los grandes conflictos emocionales y también tenemos que conocer del derecho, y todo eso hace al carácter interdisciplinar que está adquiriendo la mediación”, continuó y destacó: “Cuando mediamos entre personas en conflicto, lo hacemos no solamente para ayudar a resolver ese conflicto, que es lo que aparentemente pretendemos, sino para pacificarlos, para que se den la mano, para que no se vayan como enemigos, para que no haya represalias en el futuro para que haya paz entre ellos y en la comunidad”.
La presentación del libro Justicia Restaurativa: aportes y reflexiones sobre el campo restaurativo y la cultura de paz contó con la presencia del defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, el defensor General de Lomas de Zamora, Eduardo Germán Bauché, la presidenta de la Asociación de Defensores Públicos de la República Argentina, María Lorena Gonzaáez Castro Feijoo y el director Académico del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, Alejandro Nató. La presentación fue coordinada por la integrante de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, María Eleonora Avilés Tulián.
Raúl Lamberto señaló que “desde el comité organizador de los congresos latinoamericanos de Justicia Restaurativa asumimos el desafío de convocar y reunir a los expositores que debaten sobre el tema”, y sobre la publicación destacó: “Los textos que la componen van por diversos temas, pero todos revalorizan otra mirada de la justicia restaurativa en las sociedades actuales que se resumen en el libro Justicia Restaurativa: aportes y reflexiones sobre el campo restaurativo y la cultura de paz”.
“El libro está compuesto por 37 artículos de 42 especialistas de 12 países, ponencias de expositores argentinos, de Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, México, Reino Unido, Noruega, España, Estados Unidos, Honduras y Colombia”, describió y profundizó: “Brinda un análisis desde el punto de vista filosófico institucional de la Justicia Restaurativa y juvenil, de la educación y cultura de paz, de lo restaurativo frente a conflictos sociales, de lo restaurativo en lo comunitario, de lo restaurativo en los derechos humanos además de las prácticas”.
Por su parte, Eduardo Germán Bauché dijo que la publicación “es el fruto del gran corazón que tienen todos los que forman parte de él. Si este material es posible es gracias a ellos y su generosidad. El libro tiene un gran contenido”, y reflexionó “Si algo nos une es que somos militantes del buen convivir y no puede salir algo malo de esa unión, desarrollarnos libremente, convivir bien, sabiendo que ninguno puede hacerlo sino lo hace bien en sociedad”.
A su turno, María Lorena Gonzalez Castro Feijoo agradeció a cada uno de los organizadores y participantes y señaló: “La Justicia Restaurativa encara principios que nos guían en nuestra vida personal y profesional como una cultura que no hace solamente a la cultura de la paz, sino a la solidaridad, a la escucha, a la empatía y a todos esos valores necesarios para poder encarar no solo lo que incluye al ámbito profesional sino también al personal”.
En el mismo sentido, enfatizó: “Me ha hecho mucho bien leer sobre solidaridad en estos tiempos que estamos viviendo, además de las estadísticas y datos duros que nos explican el fruto materializado del resumen de estos Congreso de Justicia Restarutativa”.
Al cierre de la presentación y la extensa jornada, hizo uso de la palabra Alejandro Nató quien agradeció por formar parte de la publicación y destacó “el trabajo y esfuerzo por la organización, pero también por el costado crítico que refiere a en lo restaurativo construir una práctica defensorial”.
En cuanto a la publicación, expresó el libro contiene “la experiencia de discutir sobre los errores cometidos, sobre las experiencias de cada uno, descubriendo dónde están las voces críticas, dónde las señales de alerta, y ver cómo encauzar lo que estamos haciendo”, y cerró: “Algo a destacar es el valor que tiene este libro por el esfuerzo de todos los que lo hicieron realidad, revisando nuestras propias acciones y elaborando autocríticas aplicadas en nuestro desempeño por los derechos humanos. Este libro se edificó desde un gran contenido generando una estructura que hoy es sólida para las Defensorías”.
INSCRIPCIÓN Y PROGRAMA
Para participar de la última jornada del 3° Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa que se desarrollará el sábado 12 de junio es necesario registrarse previamente aquí: http://zoom.us/webinar/register/WN_fzkvFuwFSdOORCqOk8V37w
Al igual que años anteriores, la inscripción es LIBRE y GRATUITA.
El programa del congreso, al igual que cualquier tipo de información relacionada con el mismo, puede ser consultado en www.defensoriasantafe.gob.ar/justiciarestaurativa