La ley 13.853 de protección de los derechos de las personas con discapacidad establece en el mencionado capítulo la creación del Observatorio de Discapacidad que funcionará en el ámbito de la Defensoría del Pueblo.
Este jueves en la sede la Defensoría, Henn se reunió con la presidente de la Cámara baja provincial, Clara García y el diputado, Pablo Farias, con quienes firmó ante la prensa el convenio que vuelve a poner la temática en la agenda pública y oficial a partir de la intención de los firmantes de avanzar “en cumplir con lo estipulado por la ley para satisfacer la demanda constante que se tiene”, según explicó el Ombudsman quien estuvo acompañado en el acto por la subdirectora de Salud, Discapacidad y Ambiente de la institución, Rosalía Sansó de la Madrid.
También asistió y sumó su rúbrica la dirigente, Gabriela Bruno, quien enfatizó que la trascendencia que tiene “un observatorio integrado por los sectores de la sociedad civil que trabajan la temática, pulsan la realidad cotidiana de quienes viven sus vidas desde diferentes discapacidades protagonizando la discusión para la decisión de herramientas y medidas que procuren alcanzar las soluciones que tanto se necesitan; es no solo es el camino adecuado sino el único”.
Este aspecto contemplado por la ley fue resaltado por García para quien, enfatizó, la discapacidad “no sólo requiere integración y respeto. Ese, desde ya y para comenzar. También es indispensable asumir que las discapacidades atravesadas por violencias de género, doméstica o social; inaccesibilidades de todo tipo o vulneraciones económicas configuran un escenario agravado y urgido de respuestas prácticas que debemos encontrar escuchando a los protagonistas”.
El objeto del Observatorio de la Discapacidad es visibilizar la magnitud y distribución de la problemática epidemiológica, las condiciones de vida de las personas en situación de discapacidad desde las perspectivas de ciclo de vida, género y derechos, la integralidad de las respuestas estatales frente a sus necesidades y cualquier otra información que pueda contribuir al diseño y la implementación de políticas, planes, programas y normas que propicien el bienestar de las personas con discapacidad.
El convenio establece que la Defensoría y la Cámara podrán desarrollar entre otras actividades la promoción, elaboración y desarrollo de acciones de investigación, divulgación y promoción de las temáticas de interés de ambas instituciones; realizar análisis, asesoramiento y propuestas de políticas públicas que puedan plasmarse en proyectos de ley y en tareas legislativas concretas.
El acuerdo faculta a las partes a establecer vínculos con otras instituciones, organismos nacionales e internacionales y “organizaciones no gubernamentales”, academias, empresas, organizaciones de comercio y producción, y llevar adelante actividades orientadas a promover los valores que expresan ambas partes.
Este acuerdo representa un paso significativo hacia la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad en nuestra provincia.
La ley 13.853, aún no reglamentada, fue promulgada el 7 de enero de 2019, por lo que la firma de este convenio avanza en concretar una parte de dicha norma provincial.
