En la sede Santa Fe, de la Defensoría del Pueblo, se abordó la situación derivada de la gran cantidad de solicitudes de declaraciones de restricción de la capacidad jurídica y/o incapacidad por parte del "Equipo Interdisciplinario de Evaluación de Apoyos para el Ejercicio de la Capacidad Jurídica", dependiente de la dirección Provincial de Salud Mental, para poder acceder a los beneficios previsionales.
Los organismos de los distintos estamentos que los otorgan demandan las declaraciones de incapacidad o de restricción de la capacidad.
En la reunión estuvieron presentes la secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental, Lucrecia Faccioli; las directora y subdirectora de Asistencia Técnica de Salud, Discapacidad y Ambiente, de la Defensoría del Pueblo, Marcela Calcaterra y Rosalía Sansó de la Madrid; Gabriela Bruno, subdirectora de Accesibilidad y Derechos de las Personas con Discapacidad, de la municipalidad de Santa Fe; María Andrea Sosa y Bárbara Romero Acuña, de la Dirección de Salud Mental de la provincia de Santa Fe y Gisela Scholz, del Órgano Provincial de Salud Mental.