Los defensores del Pueblo Ad Hoc de la provincia de Santa Fe Gabriel Savino y Javier Diaz Dechiara, participaron de la audiencia pública convocada por el Ministerio de Obras Públicas de la provincia para exponer las distintas posturas frente a un nuevo ajuste tarifario que propuso la empresa provincial Aguas Santafesinas.
Savino advirtió que “el valor público en la gestión no se logra simplemente trasladando costos al usuario”, y recordó que “el gobierno nacional fijó limitar al 1% mensual la actualización del Coeficiente de Modificación K a partir de febrero de 2025 manteniendo la eficiencia en la prestación del servicio sin generar un impacto significativo en las tarifas por dos factores principales: la desaceleración del proceso inflacionario en los últimos meses y los avances logrados por la concesionaria del servicio de agua potable en la optimización de costos operativos”.
En tal sentido, el defensor señaló: “Entendemos que cada uno debe pagar por lo que consume; no obstante, es crucial diferenciar entre los distintos tipos de consumo, domiciliario/familiar, comercial, industrial, social, deportivo, comunitario”, y agregó: “La lucha contra las perdidas, el derroche y las malas prácticas del uso del agua potable debe ser parte integral del proceso tarifario”.
En referencia directa al plan de tarifas que viene aplicando la empresa marcó: “El incremento tarifario aplicado en el 2024, impacto al usuario entre el 520% y 530%, y estos aumentos se basaron exclusivamente en el déficit financiero declarado por ASSA”, y ahondó en la recarga de costos sobre el usuario: “Según declaraciones públicas de la empresa se pasó de una cobertura del déficit de ASSA del 90% de los costos del gobierno provincial a un 50%, pero a costa de la ciudadanía”.
Durante su intervención, también destacó “el crecimiento exponencialmente de los reclamos ante la Defensoría, más del 130% respecto al año 2023 y más del 170% respecto al 2022”, y demandó una mejora en la información pública que brinda la empresa “ya que para hablar de transparencia y gobernanza, la información que debería ser pública y accesible en muchas ocasiones ni si quiera está publicada”.
“Creemos firmemente – continuó - que es responsabilidad primaria del Estado realizar inversiones necesarias antes de implementar ajustes tarifarios, las tarifas deben reflejar servicios efectivamente prestados con equidad y respeto a principios como certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, más allá del simple saneamiento financiero”.
En este sentido, destacó que muchas de las recomendaciones que la institución viene proponiendo desde hace años siguen sin resolverse, y detalló: “La implementación de sistema tarifa social, la realización de un nuevo marco regulatorio, aumentar las mediciones de consumo real, mejorar la macromedición y micromedición a los fines de que se disminuyan las pérdidas, realizar controles del mal uso del agua potable apto para consumo”.
Por su parte, Diaz Dechiara también se refirió a la necesidad de trabajar sobre una tarifa social, remarcó “la sensibilidad que tiene que tener Aguas Santafesinas”, pidió a las autoridades de la empresa profundizar el vínculo con la institución defensora de derechos.
El defensor, habló también sobre la eficiencia del servicio: “Es un acto de justicia poder avanzar en un esquema que cambie el paradigma de la empresa de aguas en cuanto a los estimados para la micromedición”, y solicitó: “Le pedimos a las autoridades de la empresa avanzar en cuanto a la micromedición para poder segmentar, esto sería una medida equitativa y justa”.
En relación a las obras, recordó que “la obra del acueducto Gran Rosario, de la planta de Santa Fe, de la extensión del acueducto Desvío Arijón, del acueducto de Reconquista, fueron hechas con los impuestos que pagamos los santafesinos”, y enfatizó: “A la Defensoría no llegan solo los reclamos de quienes tienen un caño roto, también llegan los reclamos de quienes no tienen acceso al agua potable”.
Por último, Diaz Dechiara señaló que: “Hay que tener certeza de cual va a ser la figura de la empresa de Aguas para la provincia de Santa Fe cuando termine el contrato en el 2026 porque no solamente las gestiones nacionales no han sido beneficiosas o solidarias con Santa Fe, no solamente eso sino que empresas que venían a mencionarnos la modernidad nos han dejado después de tantos años desinversión y un juicio que la provincia de Santa Fe todavía tiene que pagar”, y culminó: “Si el aumento de tarifas se va a ver reflejado en una respuesta más rápida de Aguas Santafesinas escucharemos con un tipo de atención diferente”.