Autoridades y personal de la Defensoría del Pueblo comenzaron a recibir este viernes la capacitación obligatoria en género que establece la Ley Micaela para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. La formación, que se desarrollará en cuatro semanas, está a cargo de funcionarias de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género de la provincia de Santa Fe, autoridad de aplicación de la ley.
El curso está ordenado en cuatro grandes secciones: una introducción sobre quién es Micaela García, las circunstancias de su femicidio y su lucha, el surgimiento de la ley que lleva su nombre y el marco normativo que la sostiene. Luego se habilitará el primer módulo, donde se abordarán las conceptualizaciones básicas referidas a género y diversidad sexual y tendrá lugar el primer espacio de intercambio para reflexionar y debatir sobre la lectura. Posteriormente, en el segundo módulo, se describirán las características de las violencias contra las mujeres y personas LGBTI+. También se habilitará el segundo espacio de intercambio. En la última clase, se reflexionará acerca del rol que tienen el Estado y las organizaciones de la sociedad civil con relación a la discriminación y violencia contra las mujeres y personas LGBTI+. Y, finalmente, como cierre del curso, se abrirá el espacio del trabajo de evaluación.
Para el cursado se utiliza la plataforma Classroom. Las clases se presentarán con una frecuencia semanal y cada una contará con un documento donde se abordarán los temas de cada módulo y un espacio de intercambio y debate. El personal de la Defensoría del Pueblo desarrollará, además, dos encuentros sincrónicos a través de Google Meet.
En una primera etapa se capacitará a las máximas autoridades y a una parte del personal de la institución, y más adelante se avanzará con la formación del resto de los agentes del organismo.
La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años que fue víctima de femicidio. A través de la ley provincial 13.891, Santa Fe adhirió en noviembre pasado a esa norma nacional.