Actualmente, muchas provincias, como Santa Fe, ya cuentan con legislaciones propias para la subasta de bienes incautados a grupo del crimen organizado.
Sin embargo, esta práctica presenta ciertas limitaciones, especialmente en el caso de bienes inmuebles relacionados con delitos de alto perfil. Estos bienes, por sus características, suelen ser difíciles de vender y en consecuencia, quedan inutilizados.
Explico, Savino que la nueva propuesta legislativa busca superar estas limitaciones al proponer un enfoque más integral y socialmente orientado: "Hace 40 años que contamos con una ley que establecía el destino de los bienes decomisados al crimen organizado, sin embargo, su obsolescencia impedía su efectiva aplicación. Este nuevo proyecto busca modernizar el marco legal, estableciendo un régimen integral para la custodia, administración y reutilización social de los bienes involucrados en causas penales federales, garantizando así que estos activos sean destinados al beneficio de la sociedad."
Algunos de los beneficios esperados son un marco legal unificado facilitará la gestión de estos bienes a nivel nacional; los bienes incautados podrán ser destinados a proyectos que beneficien a la comunidad y al reducir la posibilidad de que los bienes ilícitos sean utilizados para fines criminales, se contribuye a la prevención del delito.