El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe a/c, Jorge Henn, reclamó formalmente la suspensión inmediata de las disposiciones por las cuales se limita el acceso a los afiliados al PAMI, jubilados y pensionados, la cobertura del 100% de medicamentos hasta tanto sea el mismo Estado el que instrumente un sistema automatizado que permita evaluar la situación socioeconómica de los beneficiarios y no poner en los mismos afiliados la carga de dicha gestión.
“Este cambio intempestivo atenta directamente contra la salud y calidad de vida de nuestros adultos mayores, un sector particularmente vulnerable, que depende de la continuidad de estas políticas que facilitan el acceso a los tratamientos médicos” sostiene el Defensor en la nota enviada a las autoridades del PAMI, tanto nacional como local.
“El Estado cuenta con la información socioeconómica necesaria para determinar la elegibilidad de los beneficiarios, a través de organismos como la ANSES, lo que hace innecesarias y redundantes las reinscripciones manuales exigidas por las nuevas normativas. Estas disposiciones no solo añaden barreras burocráticas innecesarias, sino que además resultan ineficientes y generan ansiedad e incertidumbre en una población que, por sus condiciones de salud y edad, necesita soluciones expeditas” continúa.
“Las restricciones implementadas vulneran el derecho humano de acceso a la salud, consagrado en la Constitución Nacional, los tratados internacionales de los que la Argentina es parte, y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Este derecho esencial no puede ser supeditado a mecanismos administrativos que dificultan o limitan su ejercicio” señala el texto de la nota.
La Defensoría del Pueblo de Santa Fe agrega que “entendemos que la suspensión de la medida hasta tanto sea el mismo Estado el que automatice los procesos mediante cruces de datos tendría un impacto fiscal mínimo. La magnitud del problema que estas medidas generan en la salud de los jubilados es desproporcionada en comparación con el supuesto ahorro que estas restricciones pudieran implicar”.
Finalmente, Jorge Henn ofreció la colaboración de la Defensoría, como entidad de derechos humanos, para cualquier instancia que contribuya a revertir el estado de angustia que genera una medida de semejante impacto y que garantice una política pública justa, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos y de los adultos mayores en particular.