El Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Dr. Edgardo Bistoletti, elevó en la mañana de este viernes un Oficio al Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, dirigido a la ministra Lic. Élida Rasino, donde se pide información acerca de cuándo y por quién fue dictada la resolución que dispuso el inminente cierre de la primera Escuela Especial Secundaria 513 de calle Paraguay 626 de la ciudad de Rosario.El origen de la solicitud tuvo lugar en una nota que fue entregada en la Defensoría del Pueblo por los padres de los alumnos que concurren a dicho establecimiento que a continuación transcribimos:"A través de la presente, los padres y tutores de la Escuela Media Especial Nº 513, sita en calle Paraguay 626, elevamos la presente nota frente a lo acontecido en nuestra escuela que pasamos a detallar: El día Jueves 25/2 de 2010 se nos cita en la Escuela, desde su Dirección, para una reunión informativa y se nos explica que en la Escuela, con su proyecto educativo de base, iba a ser desmantelada por Resolución Nº 2152, con firma de la Ministra de Educación Elida Rasino, expedida el 28 de diciembre de 2009 y comunicada a la escuela el 14 de febrero de 2010.En una reunión pedida por los padres, y otorgada, con la Delegada Regional de la Ministra, la Lic. Marta Díaz nos informaron, in situ, que la misma se había ausentado y en su lugar nos atendieron las funcionarias Susana Copertari y Estela Gulota. Estas nos comunicaron que todo seguía como estaba, que no había cambios, que la Escuela funcionaría en el mismo domicilio pero como "Servicio Pedagógico Especial para integración a Secundaria".El día Miércoles 3 de Marzo del corriente, la directora de la escuela, Analía Gomítolo, fue citada a una entrevista con la Lic. Ma. E. Festa, Directora de Educación de la Provincia, la cual le comunica una versión totalmente opuesta a la que los padres habíamos recibido el día anterior.Ante esto, como responsables de los alumnos que acuden al establecimiento, sentimos y pensamos:Que hay un total abandono y desconsideración de las personas involucradas en la Escuela, fundamentalmente los alumnos. Esto debido al momento (una semana antes del inicio de clases) y a la forma (nunca el Ministerio se contactó con nosotros para tratar el tema) en que nos llega la Resolución.Que se ignora abiertamente el trabajo responsable y de excelencia de los profesores hacia los alumnos en lo educativo, en la contención y en el proceso de integración desde la escuela Especial hacia la Escuela Común.Que el Ministerio manifiesta una idea tramposa de inclusión donde se plantea el blanco y el negro pero no quieren aceptar que los grises, en la discapacidad, también existen. Esto último es lo que nuestra Escuela brinda: un proceso de preparación educativa personalizada acompañando al discapacitado en su tránsito hacia la escuela común. NUESTROS CHICOS TIENEN DERECHO A UNA EDUCACIÓN DIGNA NO SIMPLEMENTE A OCUPAR UN BANCO Y SER UNA CUOTA A FIN DE MES.Por todo lo expuesto, la comunidad educativa en su totalidad exige que se deje sin efecto la Resolución 2152 para lo cual pedimos su intervención.Saludamos muy atte."Como primer medida ante la queja formulada por los padres, el Dr. Bistoletti decidió oficiar al Ministerio de Educación para solicitar copia de la resolución así como de los antecedentes, fundamentos y valoraciones que motivaron su dictado, con especial referencia a los informes que se hayan recibido sobre el funcionamiento de la experiencia. También se requiere saber, de qué forma y en qué oportunidad se llevó a cabo la notificación de dicha decisión a la supervisión, a los directivos, a los docentes y padres del alumnado; qué diferencias pedagógicas existen entre el formato anterior y el decidido; si los docentes designados en la experiencia que se daría por concluída serán los mismos que integrarán el nuevo servicio de integración, o, en su caso, si variarán, dando cuenta de los motivos de ello; cuántos alumnos integraban cada una de las modalidades con que se llevó a cabo la "Experiencia", es decir cuántos había en forma permanente, y cuántos en forma parcial; si alguno de esos alumnos modificará esa modalidad o la sede de la institución a la que debe asistir; asimismo se solicita se remitan los antecedentes de cuándo fue creada dicha escuela, incluyendo, si los hubiere, dictámenes que refirieran a la legitimidad y validez de los títulos secundarios a entregar.En tal sentido, el Defensor del Pueblo destacó "la necesidad de garantizar el derecho a la educación de los 70 jóvenes y adolecentes sordos, ciegos y con distintas capacidades intelectuales que concurren a la Escuela Especial 513".