Con el arribo de la pandemia de coronavirus al país y a la provincia, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe debió "formatearse". Los reclamos a los que los empleados de la repartición estaban más acostumbrados, vinculados a las tarjetas y a la actividad bancaria- cambiaron sustancialmente.
Durante la cuarentena "fue excluyente la cuestión social", relacionada con la necesidad de bolsones de alimentos para las personas más vulnerables, y sobre todo con "las dificultades que presentaba el Ingreso Familiar de Emergencia" para aquellos que no estaban bancarizados o no tenían acceso a Internet, y por lo tanto tenían problemas para cobrarlo o gestionarlo.
Con el transcurso del aislamiento social, preventivo y obligatorio, se presentaron problemas de vivienda; básicamente, inconvenientes con contratos de locación o mudanzas.
Fuente:
Canal 13 Santa Fe