El pasado viernes 19 de octubre el defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, como representante de una institución que cuenta con el rol primordial de defensa de los derechos humanos, recibió a familiares de las víctimas de la tragedia sucedida el 6 de agosto del año 2013 en calle Salta 2141 de Rosario y les manifestó expresamente su apoyo y en particular ante la proximidad del inicio del juicio para juzgar las causas y responsabilidades en la tragedia, expresando el deseo de que, en el marco del debido proceso penal, el desarrollo del debate permita a los familiares de las víctimas y a todos los santafesinos obtener una respuesta de lo sucedido aquella trágica mañana.
Respetando la división de poderes y la competencia de nuestra institución, corresponde efectuar algunas consideraciones puntuales.
Se debe sopesar el servicio prestado por la empresa distribuidora de gas natural por red con concesión en todo el territorio de nuestra provincia, y requerir que se informen las obras ejecutadas y/o a ejecutar en materia de seguridad y los protocolos aprobados y vigentes, tal como lo viene solicitando la Defensoría del Pueblo.
Desde el año 2016, y como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de la Nación conocido como “Cepis” que anuló los aumentos de gas para usuarios residenciales, comenzó un proceso de convocatoria a audiencias públicas para poner a consideración de los usuarios las modificaciones tarifarias propuestas y solicitadas. Desde ese entonces la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe participó en diez audiencias públicas relativas al servicio de gas por redes, y en la primera convocada con relación a Litoral Gas SA en diciembre de 2016 en el marco del proceso de aprobación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) para regir las tarifas e inversiones de la empresa para el próximo quinquenio, la institución cuestionó el plan de inversiones presentado por la distribuidora, además del cuadro tarifario propuesto.
En la audiencia de noviembre de 2017 tendiente a informar respecto de las actualizaciones tarifarias solicitadas por Litoral Gas SA para regir desde el mes de diciembre, el defensor del Pueblo en su exposición hizo una fuerte y fundada crítica a la resolución 4.361/2017 del Ente Nacional de Gas (Enargás) que aprobó la RTI para la concesionaria, haciéndose eje en el plan de inversiones y, fundamentalmente, en las obras en materia de seguridad y confiabilidad del sistema.
En esa oportunidad se expuso:
- “Otra cuestión que no podemos soslayar y por la cual bregamos en la audiencia pública del mes de diciembre del pasado año es el tema de obras relativas a la seguridad y confiabilidad del sistema”.
- “En ese caso, se observa que, en el plan de inversiones presentado por Litoral Gas SA se consideran obras de seguridad para redes y servicios, gasoductos, etc, que están solo en el orden de cien millones de pesos, pero no está claro cuáles serán las obras concretas (más allá de un somero detalle contenido en el expediente 36.122, anexo I, detalle en página 17/18, con valores a agosto de 2017)”.
- “Efectivamente no se tuvo en cuenta por ejemplo un reclamo de vastos sectores de la comunidad de volver a poner en funcionamiento las válvulas de bloqueo sectoriales, (en el caso del accidente de Rosario tuvieron que participar cuadrillas de la EPE para poder localizar la cañería y obstruir el caño). Tampoco se plantean medidas o acciones para indicar la presencia de cañerías activas de gas y su ubicación como cartelería o mojones sobre muros en cercanías de las aceras”.
- “El Enargás tampoco ha generado correcciones en las normas que permitan la REVISION PERIODICA OBLIGATORIA de las instalaciones internas especialmente de aquellas que fueron realizadas en épocas de GAS DEL ESTADO, sobre la base de su incorporación en un pequeño cargo en la tarifa como ocurre en otros países”.
- “En virtud que el modelo privatizador arrancó en el año 1992, por un periodo de 35 años, no observamos inversiones que atiendan al recambio de aquellas instalaciones por haber superado el tiempo de vida útil, sólo se puede observar un cuadro genérico para el cálculo de las amortizaciones de capital”.
- “La Defensoría del Pueblo de Santa Fe reitera que resulta imprescindible la incorporación de nuevas medidas de seguridad en todo el ámbito del área de concesión de Litoral Gas SA, esencialmente las que resguardan la prevención de hechos como el acontecido en la ciudad de Rosario”.
La Resolución 125/2017 del Enargás del 30 de noviembre que aprobó la audiencia pública mencionada precedentemente en sus considerandos expresó: “Que el señor Raúl Lamberto, en su carácter de defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, en esencia, manifestó estar en desacuerdo con "subir tarifas que incluyen la financiación de las obras de expansión", que del "plan de inversiones presentado por Litoral Gas SA" no surgiría claramente cuáles son las obras concretas destinadas a "seguridad para redes y servicios".
Conforme a todo lo expuesto y sin perjuicio del proceso judicial que determinará las causas y responsabilidades individuales en los hechos acaecidos el 6 de agosto del 2013 en la ciudad de Rosario, en virtud de no contarse con información cierta y veraz del plan de obras de seguridad realizadas por la concesionaria en los años de concesión y al no estar previstas con precisión aquellas a ejecutar para el quinquenio 2017-2022, en virtud de lo consagrado en el marco regulatorio que en el artículo 21° impone: “Los sujetos activos de la industria del gas natural están obligados a operar y mantener sus instalaciones y equipos en forma tal que no constituyan peligro para la seguridad pública, y a cumplir con los reglamentos y disposiciones del Ente Nacional Regulador del Gas. Dichas instalaciones y equipos estarán sujetos a las inspecciones, revisiones y pruebas que periódicamente decida realizar el ente, el que tendrá también facultades para ordenar la suspensión del servicio y la reparación o reemplazo de instalaciones y equipos, o cualquier otra medida tendiente a proteger la seguridad pública”, desde la Defensoría del Pueblo se instará ante Enargás el pedido de información respecto de la situación actual en materia de seguridad y confiabilidad del sistema de distribución y transporte en nuestra provincia y se pedirá que brinde un detalle pormenorizado de las obras ejecutadas y a ejecutarse en el marco de la revisión tarifaria integral aprobada a comienzos del año 2017.