Los defensores del Pueblo, en la reunión celebrada en Corrientes, entre una quincena de cuestiones incluidos en el orden del día de las 48 horas que duró el encuentro también abordaron la problemática de los aumentos en las tarifas de luz y gas, al tiempo que evaluaron el entramado judicial que se cierne sobre el tema y la estrategia que seguirán adelante, poniendo el acento en la absoluta necesidad de celebrar audiencias públicas previas a cualquier incremento de los servicios públicos.
En el debate, el Defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, explico que la jueza federal de San Martín que suspendió los aumentos de tarifas eléctricas en todo el pais los hizo mediante una medida provisoria y no una cautelar lo que le permitió a la mayorista Cammesa -que le vende la energía a casi todas las provincias- responder en tres días la medida e igualmente facturar con el aumento, dejando a los Estados provinciales sin otra posibilidad que trasladar ese mayor costo a sus usuarios.
En ese sentido, ratificaron y pusieron el acento en la necesidad de ampliar el universo de la tarifa social; reglamentar la ley que regula el marco tarifario de las entidades de bien público y considerar la situación de las pymes electro dependientes afectadas por el fuerte impacto del ajuste y, fundamentalmente, en que la justicia clarifique la situación ofreciendo certezas a la ciudadanía sobre la validez o no de las medidas adoptadas a fin de que los usuarios sepan a qué atenerse.
Del encuentro en Corrientes, organizado por la Defensoría de esa ciudad, participaron, además, la organización Nacional; las provinciales de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, Chaco, Chubut, Tucumán, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero y Jujuy. Y las ciudadanas de Bariloche, Mar del Plata, Ituzaingó, Gobernador Virasoro, Ciudad de Buenos Aires, Frías, La Banda, La Matanza, Posadas, Paraná, Escobar, Santiago del Estero y Salta.