La Defensoría del Pueblo de Santa Fe participó este viernes de la Audiencia Pública que se realizó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) de la ciudad de Santa Fe para debatir las nuevas tarifas del servicio eléctrico que brinda la Empresa Provincial de la Energía (EPE). El Defensor del Pueblo Adjunto leyó la posición del Defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, quien saludó que se discuta públicamente el incremento, pero consideró la iniciativa “insuficiente” y reclamó contemplar las principios señalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para estas discusiones: “gradualidad, razonabilidad y proporcionalidad de la tarifa”. Asimismo, consideró que “no parece razonable ni oportuno establecer el aumento en la forma propuesta” y pidió su revisión.
“La primera audiencia pública de la EPE es un avance en el reconocimiento de los derechos de los usuarios que tienen que recibir información adecuada y veraz. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre su necesidad el pasado mes de febrero, así como del impacto que iban a tener los aumentos ya realizados. En tal sentido la Defensoría saluda la iniciativa pero la considera insuficiente por sí misma”, expresó.
En ese contexto pidió, en consonancia con lo que había dispuesto la Corte, que se tengan “en cuenta las consideraciones expuestas en la audiencia pública en la determinación final del nuevo cuadro tarifarlo”. “Al hablar de tarifas de servicios públicos esenciales siempre debe prevalecer el usuario y el acceso a dichos servicios con carácter de universalidad, generalidad y continuidad mediante tarifas accesibles según las realidades socioeconómicas”, señaló para luego solicitar que las nuevas tarifas respondan a los principios de certeza, previsibilidad, gradualidad, razonabilidad y proporcionalidad.
El Defensor advirtió, asimismo, que para evaluar la gradualidad, razonabilidad y proporcionalidad se deben incluir en el análisis todos los aumentos tarifarios vigentes y programados en el futuro inmediato y la realidad socioeconómica de los usuarios. Particularmente deben tenerse en cuenta los altos aumentos de este año. Y recordó que desde la Nación se anunció la Revisión Tarifaria Integral del servicio de transporte de la energía eléctrica. Y para el mes de mayo regirán nuevos valores en el Mercado Mayorista. “La EPE debe contemplar esto porque ocasionarían un nuevo traslado a la tarifa final a afrontar por el usuario y por ende, un nuevo aumento”, abundó, para luego resaltar que los aumentos de la electricidad deben analizarse en el marco de los posibles aumentos de otros servicios, tales como el gas y el agua.
Además, como ya hicieron otras Defensorías del Pueblo del país, la Defensoría de Santa Fe consideró necesario contemplar un régimen tarifario especial para pymes, establecer control de costos e inversiones, con participación de usuarios, asociaciones de usuarios, poder legislativo y Defensorías del Pueblo y tener en cuenta que mayor consumo no significa mayor poder adquisitivo, sino que muchas veces es todo lo contrario.
En ese contexto sostuvo “que el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano fundamental para un desarrollo digno de la persona”. “Ello y la importante incidencia del servicio eléctrico en la vida económica permite inferir que el Estado debe considerar a estas empresas como herramientas estratégicas de desarrollo económico y humano y en tal sentido su presupuesto y su financiación no pueden limitarse a su balance de ingresos y egresos”, agregó.
El Defensor también consideró que, en caso de que se establezca aumento, éste no debería implementarse en el verano, porque el crecimiento del consumo en esa época del año lo hacen más gravoso para el usuario. Asimismo, explicó que tampoco en el mes de enero se tendrá certeza respecto a las actualizaciones salariales y/o previsionales lo que impediría evaluar la proporcionalidad de la suba requerida.
Durante su intervención, también pidió por la creación de un ente de control del servicio de energía eléctrica y un marco regulatorio moderno que implique una revisión general del servicio público y de la estructura tarifaria, dándose para ello participación a los usuarios y a la Defensoría del Pueblo.
Al referirse a la tarifa social, aconsejó a las provincias solicitar un aumento significativo de los descuentos que en este concepto se realizan por parte del Estado Nacional. Y propuso la unificación de la tarifa social considerando la más beneficiosa para el usuario.
Finalmente, pidió contemplar los derechos del artículo 42º de la Constitución Nacional, porque tienden a proteger a la parte débil de la relación contractual que en este caso es el usuario.
Y concluyó que “no parece razonable ni oportuno establecer el aumento en la forma propuesta”, por lo que solicitó “su revisión en función de todas las consideraciones vertidas”.