El Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Dr. Edgardo José Bistoletti, solicitó a su par nacional, Dr. Anselmo Sella, que intervenga ante el Registro Nacional de las Personas (Renaper) por la imposibilidad de realizar el trámite de obtención del nuevo Documento Nacional de Identidad digitalizado, de manera gratuita, presentando un certificado de pobreza. La resolución se originó en quejas recibidas en la Defensoría provincial por personas que intentaron sacar o actualizar el DNI en el Registro Civil santafesino, donde les informaron que por disposición del Renaper el costo del trámite era ineludible.A través de la resolución N° 149, rubricada el 8 de septiembre pasado, Bistoletti remitió al Defensor del Pueblo de la Nación las actuaciones para "su conocimiento e intervención, ya que se está ante una problemática de índole nacional pues, en principio, es responsabilidad del Renaper la decisión que se cuestiona en la presente queja". En el texto se recuerda que el artículo 1° de la Ley de Creación de la Defensoría del Pueblo santafesina (N° 10.396) señala que su "objetivo fundamental será el de proteger los derechos e intereses de los individuos y de la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la Administración Pública Provincial y sus agentes que impliquen un ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente...".En la resolución N° 149 también se explicita que "la materia propuesta en la queja referida se encuentra dentro de la esfera de competencia de esta Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe en lo que respecta al Registro Civil de la Provincia, por lo que la misma resulta admisible". Y agrega: "Si bien no existe un acto ilegítimo por parte de la Administración Provincial y/o sus agentes, dado que según lo que nos han informado en el Registro Civil la problemática planteada se genera a partir de una decisión del Renaper, se torna insoslayable ocuparnos del tema".En los considerandos de la resolución se recuerda que "se está instalando a nivel nacional una nueva tecnología tendiente a optimizar el servicio de obtención de los DNI y permitir la informatización de los registros" y detalla que éste "tiene un costo monetario de alrededor de 30 pesos para todos los ciudadanos". "Y, según dichos de los peticionantes, al menos en la Provincia de Santa Fe, no existe posibilidad de gestionarlo gratuitamente en el caso de no contar con los medios económicos necesarios para afrontar el pago del trámite", continúa. En ese contexto, agrega que "la situación se ve agravada en el caso de las familias numerosas de escasos recurso económicos cuyos integrantes deben realizar los trámites correspondientes a su identificación y registro".También el texto firmado por Bistoletti reseña que, luego de recibir presentaciones de ciudadanos que se vieron impedidos de hacer el trámite con el certificado de pobreza, un instructor de la Defensoría se comunicó con la Dirección del Registro Civil de la Provincia, desde donde confirmaron que "según lo dispuesto por el Renaper sólo se pueden realizar las gestiones correspondientes al DNI mediante el nuevo procedimiento y que el mismo tiene un costo monetario ineludible para la población".Es en ese sentido que el Defensor del Pueblo considera que, "hoy por hoy, contar con la documentación que acredite la identidad es un presupuesto insoslayable para cualquier tipo de gestión y/o trámite que se deba hacer". Y que "es un contrasentido que toda la normativa nacional e internacional consagre como un derecho fundamental de la persona el Derecho a la Identidad y los Estados pongan en funcionamiento, para el registro e identificación de las personas, mecanismos que tornen excluyente a los sectores más carenciados que se ven imposibilitados de afrontar el canon estipulado".