El Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Dr. Edgardo José Bistoletti, recomendó este martes a la Secretaría de Medio Ambiente que, en forma urgente y luego de un relevamiento del terreno, "se produzca una recategorización de oficio de todos los emprendimientos inmobiliarios ubicados en los municipios de Funés y Roldán, intimándolos fehacientemente a cumplir con los recaudos legales, en lo que a la presentación y aprobación del estudio impacto ambiental se refiere". Asimismo, y habida cuenta de que son las autoridades estatales las que deben ejercer el control y poder de Policía en estos casos, instó a la cartera dependiente del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente a que "proceda a ordenar la inmediata suspensión de las obras iniciadas sin la correspondiente autorización", pues "sólo uno de los muchos emprendimientos" de la zona realizó los estudios correspondientes, lo que genera "un claro incumplimiento de la normativa" y "riesgo potencial de que se repitan inundaciones" en Rosario.Bistoletti firmó la Resolución N° 113 luego de recibir a representantes de la organización Nunca Más Inundaciones (Numain), quienes se presentaron en la Sede Rosario de la institución para expresar su preocupación por las obras que se están realizando en el Gran Rosario sin considerar el impacto ambiental. Luego de agradecerle a Bistoletti su preocupación por este tema, Osvaldo Ortolani, titular de Numain, advirtió sobre la necesidad de construir un nuevo aliviador para los canales Salvat e Ibarlucea y señaló que si esto no sucede las obras realizadas hasta el momento se tornarán inútiles y se incrementará la posibilidad de inundaciones.En la Resolución, Bistoletti señaló que se recibió una queja que "indica que no se estaría cumplimentando con el requisito de realizar estudios de impacto ambiental de numerosos inmobiliarios que se están desarrollando en las localidades de Funes y Roldán". Y aclaró que la "Defensoría del Pueblo es directamente competente (en este tema) atento a que la Autoridad de Aplicación de la normativa respectiva es la Secretaría de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente". En los considerandos de la Resolución se señala que "esos emprendimientos inmobiliarios comprenden decenas de hectáreas que, anteriormente, estaban destinadas a explotaciones rurales o destinos similares y, ahora, se están transformando en lotes, de distintas dimensiones, para la construcción de viviendas individuales". Y recuerda que la ley 11.717 de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable indica que, uno de sus objetivos es "el de asegurar el derecho irrenunciable de las personas de gozar un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la dignidad humana".La Resolución advierte que "las personas físicas o jurídicas responsables de proyectos y obras o acciones que afecten o sean susceptibles de afectar el ambiente están obligados a presentar ante la Secretaría de Medio Ambiente un estudio e informe de evaluación del impacto ambiental en todas sus etapas". Y recalca que, dado el tamaño de estas construcciones, "no hay duda de que se debe tramitar" este análisis en estos casos. No obstante, "sólo uno de los muchos emprendimientos lo hizo, por lo que, sólo cabe deducir, con los elementos recabados en estos actuados, que ninguno de los otros lo ha hecho, pese a la obligación legal que se le impone"."Por lo tanto, nos encontramos ante un claro incumplimiento de la normativa ya indicada, que conlleva que no exista ningún análisis de impacto ambiental de decenas de propuestas de parcelamiento de propiedades rurales o suburbanos para ser transformadas en urbanas y que, por lo tanto, nadie conozca, en definitiva, qué impacto ambiental genera ello, por ejemplo, en el aspecto hidrológico", señala la Resolución, que agrega a continuación: "Teniendo en cuenta esta arista, no se puede determinar, a la fecha, cómo pueden afectar miles de nuevas construcciones al proceso natural de absorción, escurrimiento o drenaje de aguas, debiendo recordarse que, como es también de público y notorio, las aguas de esa zona, propias de precipitaciones en el lugar o que derivan de otros más altos, tienen como destino final el arroyo Ludueña que, a su vez, desemboca en plena zona urbana de la ciudad de Rosario, con riesgo potencial de que se repitan inundaciones en zonas de esa ciudad".La recomendación de Bistoletti aclara que "el aspecto hidrológico no es el único que debe tenerse presente y la legislación así lo considera, pero se menciona esto para destacar la importancia que los estudios previos tienen".El Ombudsman provincial destacó que "queda claro que no se busca impedir ni obstaculizar el progreso y la generación de empleo, pero sí debe exigirse el cumplimiento de normativas impuestas en beneficio del bien común, pues, por más loable que pueda ser un objetivo, no se debe tolerar que se consiga a cualquier costo". Y reconoció que "no escapa que todas estas recomendaciones puede originar críticas de los sectores que tienen comprometidas inversiones en tales emprendimientos", pero subrayó que "el compromiso asumido es con el pueblo de la provincia de Santa Fe y con el respeto que debe darse a sus derechos". Y resaltó que "estas recomendaciones debe producir especial beneficio sobre los adquirientes de los lotes, que verán valorizadas su inversión al haber adquirido tierras en un lugar que respeta las normas impuestas para salvaguardar el medio ambiente".Es por ello que el Defensor del Pueblo, en el artículo 1º de la Resolución, recomendó "a la Secretaría de Medio Ambiente que, en forma urgente y luego de un relevamiento en el terreno, se produzca una categoración de oficio de todos los emprendimientos inmobiliarios" de Funes y Roldán. En el segundo artículo instó a la misma cartera a "ordenar la inmediata suspensión de las obras iniciadas sin la correspondiente autorización". Y, en el tercero, le pidió realizar "un estudio integral sobre la zona indicada". Finalmente, Bistoletti exhortó a la Secretaría "que se exijan similares condiciones, en toda la jurisdicción provincial, para casos análogos".