08/11/2016

Con una declaración pública, ADPRA rechazó el decreto que flexibiliza la venta de tierras a extranjeros

Defensores del Pueblo de la República Argentina, que se reunieron en Bariloche para el IV Plenario de la Asociación que los nuclea, expresaron su rechazo al decreto que pretende modificar la Ley Nacional 26.737, denominada Tierras Rurales-Régimen de Protección, por considerarlo contrario a la norma. 
Varias provincias del país ya interpusieron acciones de amparo solicitando la inconstitucionalidad de dicho Decreto por atentar éste contra el espíritu de la norma sancionada por el Congreso de la Nación. El propio título de la Ley indica su espíritu proteccionista respecto de los recursos naturales y mantiene la vigencia de los principios de protección ambiental y soberanía nacional que enarbola.
Con este nuevo Decreto, se establecen figuras jurídicas no previstas, se afecta la división de poderes y las autonomías provinciales, puesto que no sólo flexibilizan los requisitos a extranjeros para adquirir tierras y desregula los controles, sino que puede provocar daños irreversibles ante la invocación de derechos adquiridos por parte de poderosas personas físicas o jurídicas extranjeras, quienes no sólo adquieren la propiedad sino recursos naturales estratégicos.

Otra objeción señalada por Defensores y Defensoras del Pueblo del país, es que dicho Decreto no contiene normas sobre materia fiscal de alcance a extranjeros, como tampoco intervención de la AFIP o la Unidad de Información Financiera, provocando que sea más fácil para una extranjero comprar tierra que un auto de $70.000 donde para titularizarlo debe obtener de AFIP el correspondiente Formulario.

Recordemos que la Ley 26.737 estableció en un 15% el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales a partir de lo cual los extranjeros no podían adquirir más de mil hectáreas (arts. 8 y 10). El decreto 820/16 flexibiliza los requisitos y los límites para que extranjeros o empresas por ellos constituidas adquieran tierras en nuestro país, bajo pretexto de alentar inversiones. Defensoras y Defensores consideran que, de este modo, se altera el espíritu de la Ley, por lo tanto, es pasible de ser objetado por inconstitucional.
Ante la gravedad institucional que implicaría la alteración de una Ley nacional mediante un Decreto, miembros de ADPRA, a iniciativa de la Defensoría del Pueblo de Bariloche, expresaron su rechazo y anunciaron que formularán presentaciones correspondientes para ser entregadas ante el Poder Ejecutivo Nacional.

Participaron del IV Plenario de ADPRA las Defensorías del Pueblo de Bariloche, provincia de Río Negro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Santa Fe; provincia de Santiago del Estero, provincia de Chaco, ciudad de Virasoro (Corrientes); ciudad de Paraná; provincia de Córdoba, ciudad de Río Cuarto; ciudad de Centenario (Neuquén); Ciudad de Zapala (Neuquén); ciudad de San Martín de los Andes (Neuquén); provincia de Chubut; partido de Escobar; ciudad de La Plata; provincia de Buenos Aires, partido de Pueyrredón; partido de Vicente López; partido de Pilar, partido de Morón; Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes de La Pampa, Córdoba y de la provincia de Santa Fe y la Defensoría del Pueblo de Nación.