La mesa abierta “Aportes de las Defensorías del Pueblo para la construcción de la nueva agenda urbana” fue el debut de los ombudsman y organismos de derechos humanos en un debate convocado por Naciones Unidas: la Reunión Regional para América Latina y el Caribe rumbo a la Habitat III. Estas instituciones surgidas hace 40 años en el subcontinente “para supervisar a los gobiernos y promover el respeto a los derechos humanos”, están decididas a que su función sirva para tornar vinculante –sino operativa, al menos moralmente- la agenda final que surgirá de la conferencia mundial Habitat III, de octubre próximo en Ecuador. Con la promesa de “nos vemos en Quito”, la directora del programa ProFIO de GIZ, Julia Unger, (quién la coordinó) cerró este martes último la mesa abierta con la que lograron hacer oír su voz en el encuentro que se realiza en Toluca, México. Reunión Regional para América Latina y el Caribe rumbo a la Habitat III. A esa instancia llegaron con un trabajo conjunto las organizaciones oficiales integrantes de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) -es decir, organismos oficiales que forman parte de los Estado no de los gobiernos-; la academia con la Universidad de Alcalá de Henares a través de su programa de Asistencia a la Defensorías (Pradpi); una organización de la sociedad civil como el Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensor del Pueblo (ILO) y la cooperación internacional a través de la mencionada agencia alemana. Unger, coordinó en el salón de Presidentes del Ayuntamiento de Toluca, el panel de ombudsman que comenzó con su explicación de qué hacen estas instituciones. El eje que unificó las cuatro ponencias de la mesa es afirmación de que un hábitat digno, es un derecho humano fundamental desde la que los defensores pusieron en agenda el seguimiento de los Estados a las resoluciones sobre el Hábitat, con monitoreo marcado en hoja de trabajo. El primer expositor fue el presidente del ILO, el argentino Carlos Cosntenla, quien enfatizó que la “construcción de la nueva agenda urbana debe incorporar el tema del derecho a la ciudad, como concepto integrador para promover el ejercicio pleno de todos los derechos en las ciudades de Iberoamérica desde una perspectiva de inclusión y no discriminación. Las Instituciones de Derechos Humanos, por su naturaleza, asumen un rol de incidencia en el ciclo de la política pública desde un enfoque multidimensional que desarrolle el derecho a la ciudad y a los servicios públicos domiciliarios para una vivienda adecuada y digna.” En segundo término,lo hizo, la doctora Perla Gómez Gallardo, procuradora federal de Derechos Humanos de la Ciudad de México. “Los principios que conforman los derechos humanos es que la positivización al derecho a la ciudad, puede explicarse de mejor forma atendiendo que los derechos humanos se gestan siempre en una dirección histórico-evolutiva que va del nivel de las relaciones sociales no institucionalizadas a la integración formal en las normas y procedimientos del ordenamiento jurídico” “De tal manera que la génesis social del derecho humano a la ciudad sólo se puede explicar y entender a partir de la construcción social de criterios de legitimidad en niveles no institucionales de las relaciones sociales que tienden a incidir en el terreno institucional, un concepto creado por los ciudadanos que aglutina diversos derechos humanos reconocidos en ordenamientos nacionales internacionales:vivienda, educación,salud, movilidad, cultura,medio ambiente, nivel de vida adecuado, trabajo, alimentación, participación, etc, con el objetivo principal de mejorar las condiciones de vida de todas las personas y la sustentabilidad de los ecosistemas urbanos” Cerro el ciclo de exposiciones, el doctor Patricio Benalcazar Alarcón. Dijo: “Hoy en día, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. En el caso del Ecuador esta cifra bordea las tres cuartas partes de la población (alrededor del 75%). La construcción de una nueva agenda urbana debe contemplar a las urbes como espacios complejos, dinámicos, de convivencia, lugares en los cuales prime el ejercicio de los derechos. “El Derecho a la ciudad, entendido en la relación natural del ser humano y su entorno, las interrelaciones y la calidad de vida, además de espacios pensados desde la inclusión, la sustentabilidad y sostenibilidad para las presentes y futuras generaciones; implica considerar las formas y los cambios estructurales en los patrones de producción y consumo, en las formas de apropiación del territorio, del espacio público y de los recursos naturales. Se refiere a soluciones contra los efectos negativos de la globalización, privatización, al aumento de la pobreza y la desigualdad. El derecho a la ciudad se configura como el ejercicio pleno de todos los derechos en lo urbano. “Donde la vivienda digna se extienda en todas sus dimensiones desde la infraestructura, servicios, habitabilidad, movilidad humana. Ya que siendo la unidad básica de la ciudad es donde además confluyen el ejercicio de otros derechos como: salud, educación, ambiente sano, comunicación, información, protección, propiedad, seguridad, inclusión, participación, entre otros. “La vivienda, concebida como el “espacio vital” de las ciudades, es el centro de la interacción, en donde se debe contar con servicios garantizados por el Estado con criterios y estándares para el correcto ejercicio de los derechos. “Estos estándares deben ser herramientas efectivas de control para los Estados, permitiéndoles garantizar condiciones de atención, en especial a grupos más rezagados en el ejercicio de los derechos, con equidad y calidad en la distribución de recursos y servicios, con precios y tarifas asequibles y equitativas, pensadas desde la realidad socioeconómica de los hogares. “Para las defensorías, y en general las instituciones de derechos humanos, los estándares se constituyen en instrumentos indispensables para la protección de los derechos de las personas en las ciudades; es por ello, que como organismos de tutela no podemos asumir un rol pasivo frente a los Estados ni organismos internacionales. “En este marco, los servicios públicos domiciliarios son los primeros que deberían ajustarse a estándares internacionales en relación al acceso equitativo, asequibilidad, uso responsable y calidad, no siendo considerados sólo como prestaciones sino como un catalizador natural cuya correcta provisión se constituye en la base de la ciudad y permite garantizar el ejercicio de varios derechos conexos. La Defensoría del Pueblo estuvo presente y a cargo del operativo de coordinación de difusión de las actividades que miembros de FIO, ILO y el Pradpi desarrollaron en Toluca.