El Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, participó este martes de la Audiencia Pública convocada por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) en la ciudad de Santa Fe para determinar las nuevas tarifas del servicio de Aguas Santafesinas SA (Assa), donde consideró que el incremento propuesto “no estaría reuniendo los requisitos de gradualidad y proporcionalidad que deben observarse insoslayablemente en estos casos”, por lo que pidió que esta situación se revea y el incremento sea “disminuido”. Asimismo, solicitó que se implemente una tarifa social para los usuarios de menores recursos.
Lamberto celebró que se realicen audiencias públicas para determinar el nuevo valor del servicio de aguas y servicios sanitarios, ya que éstas dotan de información “adecuada y veraz” a los usuarios. Y resaltó que las audiencias “no deben ser una mera formalidad, sino que la Corte Suprema en el fallo Cepi (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y Otros, contra Ministerio de Energía y Minería, según Amparo Colectivo) ha manifestado las distintas etapas por las cuales se deben transcurrir, expresando que la audiencia pública debe proporcionar a los usuarios información adecuada, veraz e imparcial, permitir la deliberación de todos los sectores interesados y, por último, que la autoridad considere las opiniones y argumentaciones vertidas en la audiencia al momento de la resolución final”.
El Defensor del Pueblo recordó que la Corte Suprema, en el fallo sobre los aumentos del precio de gas fijado unilateralmente por el gobierno nacional, “consagró que el Estado debía tener especial prudencia y rigor a la hora de fijar las tarifas a fin de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, es decir una relación directa, real y sustancial entre los medios empleados y los fines a cumplir, evitando que tales decisiones se impongan como restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios, y de resguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos”. En ese sentido, pidió que al analizar este incremento también se evalúen las subas “de los demás servicios públicos que debe afrontar siempre un mismo y único usuario final de todos los servicios”.
Durante su exposición, el Ombudsman valoró que se haya efectuado por parte de Assa “una descripción clara y detallada de los costos por rubro y sus incrementos a lo largo del tiempo con diversas explicaciones puntuales en cada uno de ellos”. Aunque consideró que “tal vez hubiera merecido una mayor aclaración el rubro denominado incobrables, que suma más de 90 millones de pesos”, al considerar que si se trata de casos de usuarios que no pueden afrontar el servicio, “tal circunstancia implica dar sustento a la existencia de una empresa pública que preste este servicio, pues difícilmente una empresa privada sostendría esa política”.
Lamberto señaló que comparte la necesidad de una modificación de la estructura tarifaria tendiente a que los usuarios paguen según sus consumos, “aumentando las micromediciones, se premie el cuidado del recurso, se establezca una tarifa social y se direccionen los subsidios hacia los sectores más vulnerables”. Por lo que expresó que es “razonable y necesario adaptar el marco regulatorio vigente”.
Más adelante, Lamberto explicó que, como han expresado los Defensores del Pueblo de todo el país, “los ajustes tarifarios transitorios deben cumplir con los principios de gradualidad y proporcionalidad que garanticen el acceso universal mediante tarifas accesibles, debiéndose tener en cuenta, como se adelantara, que el usuario es uno solo y debe afrontar el pago de todos los servicios esenciales con los ajustes de tarifas ya aplicados y los programados para 2017”. “Teniendo ello en miras se considera que el aumento propuesto no estaría reuniendo los requisitos de gradualidad y proporcionalidad que deben observarse insoslayablemente en estos casos y por ello debe ser disminuido”, expresó el Ombudsman santafesino. Y, en ese contexto, evaluó que la reducción de aportes del Tesoro Provincial para cubrir la diferencia entre ingresos por facturación y gastos operativos de Assa, debe producirse “a lo largo del tiempo en forma progresiva teniendo en cuenta las posibilidades de pago de los ciudadanos”.
Finalmente, solicitó que se analice la implementación de “un sistema de tarifa social acorde al existente para los servicios de gas natural por red y energía eléctrica, de modo tal que aquellos usuarios que se encuentren dentro de ciertos criterios objetivos de inclusión accedan al servicio mediante el pago de una tarifa diferencial que resulte accesible”.