Mediante la Resolución N° 70/2010, el Defensor del Pueblo de Santa Fe, Dr. Edgardo José Bistoletti, recomendó a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la Nación y a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) "que den inicio a las gestiones necesarias para dar algún tipo de respuesta satisfactoria a los usuarios de telefonías celulares perjudicados con el constante recibo de mensajes de texto basura".La medida a adoptar pretende poner fin a situaciones como las molestias que significa recibir diariamente, y a cualquier hora, mensajes de texto basura para los cuales no han manifestado consentimiento alguno y lo que es peor aún, los mismos deben ser pagados por ellos. La Resolución firmada por Bistoletti se motivó en una presentación hecha en la Defensoría del Pueblo por un reconocido periodista radial de Rosario, quien a través de un escrito denunció: "Estos mensajes (basura) no sólo entran a mi celular personal sino que también a todos aquéllos que pertenecen a la producción del programa de radio que de lunes a viernes conduzco, provocando un perjuicio para el libre ejercicio de mi actividad periodística".En los considerandos de la norma se señala que las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil no dan una solución ante la queja incesante de sus clientes y se desentienden del problema, alegando que las empresas que se encargan de enviar los mensajes basura son ajenas a ellas, viéndose imposibilitadas de hacer algo al respecto. Además, cabe destacar, que los prestadores del servicio de telefonía móvil no sólo no dan respuestas a los reclamos, sino que además permiten el acceso a estas compañías fraudulentas cuyo único fin es obtener ganancias aprovechándose del desconocimiento de la gente.Es por ello que, por medio de la Resolución, Bistoletti recomienda "a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la Nación y a la Comisión Nacional de Comunicaciones, siendo la autoridad de aplicación dispuesta por el Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles", que "arbitren todos los medios a su disposición con el fin de dar por iniciadas las actuaciones relacionadas con los perjuicios sufridos por los usuarios de las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil a raíz del constante recibo de mensajes de textos basuras", según reza el artículo N° 1 de la norma.