Asegurando que no se afectarían los derechos laborales adquiridos ni la carrera administrativa de nadie dentro de la institución, el Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Dr. Raúl Lamberto, creó una comisión encargada de revisar el estado del organigrama de la Institución y estudiar la factibilidad de darle la mayor eficacia y realismo que se pudiera a la estructura administrativa.
Esa tarea fue encomendada al Cont. Roberto Polenta, al Cont. Raúl Gramajo, al Dr. Carlos Manera y a la Lic. Rita Grandinetti, quienes conformaron la comisión que, luego de realizar consultas internas, presentó al Defensor una primera propuesta de reforma.
Lamberto también había prometido que la misma sería sometida para su análisis al gremio que representa al personal (APEL) y para ello convocó a Ricardo Zarini, Secretario General de la Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe, y a Marcelo De la Peña, miembro de la Comisión Directiva, con quienes mantuvo un encuentro junto a la Comisión Interna.
Los dirigentes de APEL se llevaron la propuesta comprometiendose a acercar una devolución con sus opiniones y objeciones a la brevedad.