“Comenzar por el final no es la solución. Es necesario planificar y diseñar políticas integrales y ponerlas en práctica”, expresó la Defensora Colombo al tiempo que sostuvo el posicionamiento ya expresado al inicio del debate: “Apoyamos la creación de un régimen de responsabilidad penal juvenil pero que no baje la edad de punibilidad”.
La reunión llevada a cabo en Capital Federal contó con la presencia de autoridades de la Defensoría General de la Nación, de Defensorías de todo el país y de la Procuración Penitenciaria. Además, hubo participación de representantes de UNICEF Argentina, diputados nacionales, funcionarios de Justicia de diferentes provincias, magistrados, Fundación Doncel, Asociación de Pediatría Argentina, Observatorio de Niños y Adolescentes del Instituto Gino Germani, Colegio de Psicólogos de Santa Fe. Se destacó además la presencia de Nora Cortiñas, referente de Derechos Humanos y cofundadora de la asociación Madres de Plaza de Mayo, y de un grupo de adolescentes que hizo lectura de un documento en contra de bajar la edad de imputabilidad. Afuera del recinto se manifestaron alrededor de 800 jóvenes de organizaciones sociales y sindicatos con la misma idea.
La Defensora saludó la iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de abrir el debate pero manifestó su preocupación por ciertos enfoques en la discusión de un tema tan importante en la agenda pública y política como es la imputabilidad de jóvenes en conflicto con la ley.
“Hay que avanzar hacia una adecuación normativa compatible y en línea con los nuevos paradigmas de protección integral, que cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, garantizando el acceso a la Justicia y dejando como sanción excepcional (sólo en casos de extrema necesidad) la restricción de la libertad personal”, expresó Colombo.
Por último, manifestó su satisfacción por el consenso prácticamente unánime de todos los presentes en no promover la baja de la edad de imputabilidad de los jóvenes infractores o supuestos infractores de la ley penal.