El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, presentó este viernes un escrito ante la Corte Suprema de la Nación con propuestas tendientes a que las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, con la partición del Estado nacional, arriben a consensos sobre aspectos básicos y obras necesarias para solucionar los problemas hídricos generados en la cuenca de La Picasa. La presentación de la Defensoría santafesina se realizó en el marco de la audiencia pública que el Máximo Tribunal convocó para el 8 de noviembre por esta cuestión.
El escrito presentado por Lamberto consta de tres propuestas puntuales. En la primera de ellas, se propone la “creación de un ente operativo con participación de todas las provincias y de la Nación dentro del Comité de Cuenca Interjuridisccional, con competencia en el manejo de aguas, planificación, estudios, control de obras y monitoreo permanente de la cuenca (conforme a recomendación de las Defensorías del Pueblo de la Región Centro en Jornadas realizadas en el mes de marzo de 2017)”. En este caso, el planteo se basa en lo señalado en los Principios Rectores de la Política Hídrica de la Argentina, proclamados en el marco del Acuerdo Federal del Agua concertado dentro del Consejo Hídrico Federal del cual forman parte las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Allí se expresa que “dado que el movimiento de las aguas no reconoce fronteras político-administrativas sino leyes físicas, las cuencas hidrográficas o los acuíferos constituyen la unidad territorial más apta para la planificación y gestión coordinada de los recursos hídricos”, y más adelante se señala que “para cuencas hidrográficas de carácter interjurisdiccional es recomendable conformar ‘organizaciones interjurisdiccionales de cuenca’ para consensuar la distribución, el manejo coordinado y la protección de las aguas compartidas”.
"Resulta incontrovertido que La Picasa se alimenta de aguas aportadas por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y las consecuencias son padecidas principalmente por los habitantes de las dos últimas, ergo, las soluciones inmediatas deben surgir de un Comité de Cuenca Interjuridisccional con una fuerte intervención del gobierno federal”, reafirma Lamberto en el texto elevado a la Corte Suprema.
La segunda propuesta aportada por la Defensoría del Pueblo santafesina consiste en solicitar que se autorice a las “Defensorías del Pueblo de la Nación y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba a firmar convenio donde las partes se comprometan a desarrollar procedimientos de consulta convocando a las partes interesadas y damnificadas, organizaciones sociales, vecinales y productivas”. En este caso, lo propuesto cuenta con el antecedente del conflicto de la Cuenca del Río Salí-Dulce donde las partes, en el marco del juicio ante Suprema Corte firmaron un acta acuerdo y establecieron el compromiso de “instruir un procedimiento de consultas o participación ciudadana”. En esa oportunidad, las Defensorías del Pueblo de la Nación y de las provincias de Tucumán y Santiago del Estero firmaron un convenio para establecer un sistema participativo para el control de la contaminación de la cuenca y se comprometieron a ejecutar acciones necesarias para desarrollar procedimientos de consultas dirigidas a ambientalistas locales, sectores sociales ONG y asociaciones.
Finalmente, el defensor del Pueblo santafesino solicitó a la Corte que, “si lo estima pertinente, disponga las medidas que considere adecuadas a los fines de poder expedirse respecto a la interjurisdiccionalidad de la cuenca del río Salado bonaerense”, dado que en este caso está suscitada una controversia: la provincia de Buenos Aires consideró en 1997 que se trata de un río provincial, mientras que Santa Fe alega que el mencionado curso es interjurisdiccional porque ingresa a la provincia de forma natural a través del sistema de Las Encadenadas llegando hasta las proximidades de la ciudad santafesina de Venado Tuerto. En este contexto, Lamberto sugirió: “La creación de una cuenca hidrográfica de carácter interjurisdiccional y que las decisiones respecto a ella sean adoptadas por consenso de las partes que la conforman”.