En el marco de la primera la primera experiencia de trabajo conjunta entre la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (Cepal), se desarrolló en Santiago de Chile entre el 13 y 16 de agosto el primer seminario sobre el rol de las Defensorías del Pueblo en la promoción de una minería respetuosa de los derechos humanos y medio ambiente, con participación de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe.
Los expertos sostuvieron que aún hay mucho por hacer para que la actividad minera, el cuidado del medio ambiente y el respeto a los demás derechos humanos de las personas que territorialmente habitan en lugares cercanos a la explotación, configuren estándares relativamente satisfactorios en los países donde se desarrolla la actividad en América latina. Esa tarea urge y los defensores de Pueblo de los países andinos -sobre la cordillera se asientan la mayoría de la explotaciones de las más variadas índoles- han decidido discutir qué hacer al respecto.
Para ello, con el objetivo de difundir los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de Escazú, los Informes de Relatoría en Derechos Humanos y Medio Ambiente, la FIO logró concretar otro paso trascendental en su decisión de coadyuvar esfuerzos con otros organismos en procura del afianzamiento de una vida plena de respeto a los derechos en la región.
Para la presidenta de la FIO y procuradora del Ciudadano de Puerto Rico, Iris Miriam Ruiz Class, el haber alcanzado articular la actividad con la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (Cepal) es todo un logro para abrir vías de acción conjunta en alianza estratégica.
Las deliberaciones se realizaron en la Sala Celso Furtado, del edificio de Cepal en Santiago de Chile, y en el acto inaugural acompañaron a la presidenta de la FIO, por Cepal, José Luis Samaniego, director de la división de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos y Jeannette Sanchez, directora de la división de Recursos Naturales e Infraestructura. También estuvieron Peter Sauer, ministro consejero encargado de negocios de la República Federal Alemana en Chile y la directora del Programa ProFIO de la cooperación alemana, GIZ, Julia Unger.
El documento que sirvió de base a las discusiones fue “Recomendaciones para la Incorporación del enfoque de empresas y derechos humanos en la gestión defensorial en contextos mineros”. Una publicación que, con la ayuda de GIZ, llevaron adelante las oficinas ombudsman de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Portugal -una recopilación de doctrinas, casuística, experiencias específicas, legislación comparada y resultados obtenidos- que se presentó oficialmente con un panel de expertos en la tarde del lunes en la Universidad Diego Portales, en Santiago de Chile.
El taller convocó a expertos de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y Medio Ambiente, David Boyd; el jefe de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Unidad Políticas para el Desarrollo Sostenido de la Cepal, Carlos de Miguel, y el director adjunto del Instituto Alemán de Derechos Humanos, Michael Windfuhr. El rol de anfitriona lo ocupó la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, Consuelo Contreras.
El seminario fue dividido en cinco sesiones de exposiciones y debates con paneles de cuatro o cinco especialistas, abordando diferentes aspectos de la temática convocante.