El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, y el rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Miguel Irigoyen, firmaron este martes un convenio marco de cooperación que establece la creación de un equipo de estudios interdisciplinarios que producirá informes periódicos acerca del estado de las políticas públicas sociales del orden nacional, provincial y municipal, desde el enfoque de los derechos humanos, respecto de la situación en la región centro del territorio provincial.
El acuerdo complementará el que la Defensoría del Pueblo ya había celebrado con la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que se encargará de realizar los estudios científicos en el sur de la provincia.
Los informes, que se enmarcan en el monitoreo que la ONU ha encomendado a las defensorías en su conferencia mundial Hábitat III realizada en Quito, donde se plantearon los puntos de la Agenda de Desarrollo 2030, estarán a cargo de la Coordinador General de Estudios Interdisciplinarios y Monitoreo, Carlos Zambón, quien acompañó a Lamberto a la firma del convenio con el rector de la UNL. También participó del encuentro el secretario de Extensión de la UNL, Gustavo Menéndez.
A raíz del compromiso asumido ante la ONU para monitorear el estado de las políticas públicas en la provincia, la Defensoría del Pueblo solicitó la colaboración de las universidades públicas. En el caso de la UNL se materializará a través del equipo interdisciplinario de su Programa de Extensión de Economía Social y Solidaria, cuya coordinación está a cargo de Julio Tealdo, quien estuvo acompañado del investigador en economía solidaria Orlando Sotto.
Durante la firma del convenio, tanto Lamberto como Irigoyen pusieron de manifiesto la decisión de ambas instituciones de trabajar en conjunto y en cuestiones de la sensibilidad de la economía solidaria en tanto instrumento alternativo generador de ingresos para sectores excluídos de la economía.
CONVENIO
De acuerdo a lo establecido en el convenio, el objetivo es “coordinar acciones tendientes a desarrollar en forma conjunta programas o proyectos de cooperación de carácter científico, técnico o de investigación u otro tipo de actividades en áreas que resulten de mutuo interés", y establece que se "trabajará de manera especial en lo referido al avance de las políticas públicas sociales desde el enfoque de los derechos humanos, que puedan dar sustento y orientación al cumplimiento de las obligaciones del Estado".
Para se elaborarán informes periódicos acerca del estado de las políticas públicas, tanto nacionales como provinciales, referidas a este tema particularmente, en la zona centro de la provincia.