Luego de recibir a fines del año pasado denuncias de vecinos de Alvear por la utilización ilegal de agroquímicos, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe emitió recientemente una resolución en la que, tras realizar las actuaciones necesarias, considera que "no se controlan todas las aplicaciones realizadas en inmediaciones del casco urbano y zonas sensibles de la localidad de Alvear, no cumpliéndose incluso con el escaso margen de 50 metros de exclusión dispuesto por la normativa municipal recientemente sancionada". En la norma, que lleva el número 115/13, la institución dirigida por el Dr. Edgardo José Bistoletti recuerda la recomendación realizada el año pasado al Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe para que "adopte con carácter de urgente todas las medidas necesarias a los fines de garantizar la efectiva realización de la fiscalización estatal y los debidos controles -indelegables- previstos" en la Ley 11.273 (de fitosanitarios) y su decreto reglamentario.La intervención de la Defensoría del Pueblo en este caso puntual comenzó en febrero cuando, encabezado por una docente de la localidad, un grupo de vecinos de Alvear visitó la Sede Rosario de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, donde hizo una presentación por fumigaciones en zonas próximas a la planta urbana. De esta manera, se sumaron a ciudadanos de otras localidades santafesinas, que ya habían denunciado con anterioridad que el uso de ese tipo de sustancias para el cultivo está asociado directamente a problemas de salud.Los vecinos apuntaron directamente a un principio activo utilizado en el cultivo de la soja transgénica: el glifosato. En numerosas ocasiones, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe dio cuenta de la existencia de falencias en cuanto a la utilización racional y adecuada de productos agropecuarios y su denuncia es una constante en los informes anuales realizados por la institución. De hecho, la Defensoría del Pueblo ya había emitido el año pasado dos resoluciones al respecto en las que alertaba sobre el uso de los agroquímicos y pedía a las autoridades disponer de los recursos necesarios para controlar la correcta aplicación de estos productos. En la Resolución referida a Alvear, el Defensor del Pueblo reseña que se pidieron informes a la Comuna de Alvear, a la Dirección Provincial de Promoción y Prevención de la Salud y a la Dirección General de Política Agropecuaria. Esta última fue la única que contestó los requerimientos. En una nota del 3 de abril reconoce que el 8 de marzo había "recibido una denuncia específica de algunos vecinos de la localidad de Alvear, donde se manifiesta que en campos circundantes al casco urbano se realizan aplicaciones de productos fitosanitarios mediante equipos terrestres".En el informe, también precisa que personal de la Subdirección de Agricultura y Sanidad Vegetal pudo constatar, con una visita a la comuna de Alvear, que "no se alcanza a fiscalizar el total" de las aplicaciones de agroquímicos "por falta de recursos humanos y en algunos casos no se cumple con la franja de amortiguación de 50 metros establecida en el artículo 3° de la Ordenanza Comunal N°135/2012", una norma aprobada el año pasado por el Concejo de Alvear que regula el uso de los agroquímicos. También se dejó en claro que "no existe al día de la fecha convenio con la Comuna de Alvear respecto a la implementación de un registro y matriculación de equipos aplicadores de productos fitosanitarios terrestres".Si bien la Defensoría del Pueblo celebró "el esfuerzo y compromiso público hecho norma por la comunidad de Alvear a través de la Ordenanza, la que presenta varios aspectos que mejoran la normativa provincial, constituyéndose en un instrumento intuitivo, de carácter enérgico y decidido", la institución recordó que "sin perjuicio de las facultades propias de Municipios y Comunas en la materia, la fiscalización en materia de conservación, transporte y aplicación adecuada de los productos fitosanitarios, es una responsabilidad indelegable del Estado Provincial de acuerdo con lo establecido" por la Ley de Fitosanitarios. El Defensor del Pueblo también expresó que, "de todos los expedientes analizados, surge la coincidencia entre ambientalistas, funcionarios públicos, especialistas, productores y vecinos en que faltan controles y que, si se realizaran correcta y periódicamente los mismos, no se generarían los impactos negativos al ambiente y a la salud de la población que se denuncian".La Resolución fue notificada a los Presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia de Santa Fe, al Ministro de la Producción, al Director de Política Agropecuaria, a la Subdirectora de Sanidad Vegetal y al Presidente Comunal de Alvear.