02/12/2010

La Defensoría del Pueblo logró que obra social cubriera costoso implante auditivo

Una extensa gestión de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe logró que Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación intimara a una obra social para que cubriera un implante osteointegrado sistema Baha para una niña que padece Síndrome de Treacher Collins Bilateral (que le acarrea trastornos del habla y del lenguaje). De esta manera, sentó un precedente para otras obras sociales, que se rehúsan a costear este tipo de cirugías.

Una extensa gestión de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe logró que Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación intimara a una obra social para que cubriera un implante osteointegrado sistema Baha para una niña que padece Síndrome de Treacher Collins Bilateral (que le acarrea trastornos del habla y del lenguaje). De esta manera, sentó un precedente para otras obras sociales, que se rehúsan a costear este tipo de cirugías.La intervención de la Defensoría del Pueblo comenzó el 2 de marzo pasado, cuando se acercó a la institución una persona denunciando ante el área de Discapacidad que la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) se negaba a cubrir la prestación. Ante esto, personal de la Defensoría del Pueblo formalizó el reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud, tras lo cual el Defensor del Beneficiario de ese organismo informó que se había comunicado con OSECAC y había obtenido una respuesta negativa. En esa ocasión, la repartición oficial señaló que la respuesta había sido que "tratándose de un implante osteointegrado sistema Baha, no será cubierto por no estar previsto en el PMO (Programa Médico Obligatorio) ni contar con reintegro a través del APE (Administración de Programas Especiales)", y agregó que, "habida cuenta del resultado negativo" y en "atención a lo normado por la ley 22.431, se remiten las actuaciones a la Gerencia de Control Prestacional para que se expida al respecto".Luego de que reiterados llamados a la Superintendencia, donde respondían que aún estaban analizando el caso, el personal de la Defensoría del Pueblo decidió contactarse, el 1º de junio, directamente con OSECAC, haciéndolo con la médica auditora correspondiente a la problemática planteada. Ésta explica lo costoso del tratamiento y dudas sobre el resultado del mismo, por lo que propone una evaluación a la niña en la ciudad de Buenos Aires, requiriendo para esto la intervención de la Defensoría del Pueblo. Tras la aceptación de la familia, la evolución se concretó a mediados de julio. Y la respuesta llegó por correo electrónico a fin de ese mes. "En relación a su pregunta sobre cobertura por implante Baha le informo que no es de cobertura por parte de la obra, social dado que no está incluido en el PMO. Por otra parte cabe señalar que el insumo no está incluido en la Res APE 500/04", señalaba el e-mail, que ratificaba las respuestas recibidas anteriormente.Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo provincial le solicitó autorización a los padres de la niña para revelar los datos de su hija para formar una denuncia formal ante Superintendencia. Luego se reunieron todas los informes y antecedentes y, también, se insistió ante OSECAC, que propuso una alternativa a Baha, rechazada por la familia porque ya había sido probada y no había funcionado.Finalmente, el 28 de octubre pasado, la Superintendencia de Servicios de Salud comunicó su Resolución Nº 1192/10, en la que resuelve: "Intimase a la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (RNOS 1-2620-5) a fin de que en el término de diez días proceda a brindar la cobertura de un implante coclear que requiere la menor (...), cuyas características queda en cabeza de la auditoría médica, el equipo interdisciplinario y el médico tratante, debiendo acreditar su cumplimiento en dicho plazo mediante la presentación de documentación fehaciente bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de encuadrar su conducta en las previsiones del articulo 42 de la ley 23661 y sustanciar el procedimiento sancionatorio previsto en la normativa vigente".Luego de esto, OSECAC le comunicó a la familia de la niña, mediante un telegrama, que va a dar cumplimiento a la Resolución. Y, en los últimos días, personal del Área Discapacidad de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe pudo constatar que se están cumplimentando los trámites para importar el dispositivo necesario para el implante.Día Internacional de las Personas con DiscapacidadEn 1983 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de diciembre como el Día Internacional de los Impedidos. Y propuso a los países miembro que a partir de ese año se aprovechara el decenio para promover la toma de conciencia y de medidas para mejorar la situación y garantizar la igualdad de oportunidades. Una vez que pasaron esos diez primeros años, el organismo internacional instó a continuar conmemorando esa fecha y tomando acciones para fomentar una mayor integración en la sociedad de personas con discapacidades. Fue así que en 2002 proclamó el día 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En la Argentina, el Congreso nacional promulgó en el año 2000 la ley 25.346, que declara la misma fecha como Día Nacional de las Personas con Discapacidad. "Se declara como tal el día 3 de diciembre de cada año. Se establece que los organismos estatales responsables de la atención a las personas con discapacidad, elaborarán juntamente con los del área de educación, cultura y deporte, los programas a implementarse en relación a ello y en orden al fomento de conductas solidarias", señala la norma.Área de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo de Santa FeLa Defensoría del Pueblo de Santa Fe creó en 2008, mediante la Resolución Nº 170/08, un Área de Discapacidad que depende directamente de la Dirección General de Consultoría Técnica. Atiende reclamos relacionados con generalidades sobre derechos de las personas con discapacidad, obligaciones de obras sociales y prepagas, agilizaciones de pensiones no contributivas, asignaciones familiares por hijo con discapacidad, asesoramiento sobre posibilidades laborales y denuncias por incumplimiento de las empresas de transporte en cuanto a la gratuidad del servicio para personas con discapacidad.