Las Defensoras adjuntas a cargo, Liliana Meotto y Liliana Loyola, presentaron este miércoles ante la justicia una acción de protección de intereses difusos (ley 10.000) contra la Agencia de Seguridad Vial de la Provincia, por las irregularidades que se cometen en la confección de infracciones de tránsito en rutas provinciales y nacionales por parte de municipios y comunas. Según explicaron las Defensoras en una conferencia de prensa ofrecida en la Sede Rosario de la institución, la acción no persigue un resarcimiento patrimonial, sino que la Agencia Provincial de Seguridad Vial adopte en forma urgente medidas de acción positiva en referencia a la metodología de cobro de multas por infracciones de tránsito y que declare nulas las actas labradas a partir de mecanismos irregulares.Las defensoras piden a la justicia que la Agencia Provincial de Seguridad Vial organice y publicite un sistema que permita a los ciudadanos plantear denuncias por irregularidades en los procedimientos efectuados por Municipios y Comunas, evitando la mala actuación del Estado Provincial en materia de control vehicular.Además requiere que se dé cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 inc. 1) del Decreto Nº 1698/08 de creación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que establece que ese organismo debe "propiciar y desarrollar un modelo único de acta de infracción, disponiendo los procedimientos de entrega, registro y digitalización, así como el seguimiento de las mismas hasta el efectivo juzgamiento, condena, absolución o pago voluntario, en consonancia con las disposiciones nacionales vigentes".Así, se podrán resolver en el futuro las faltas que puedan cometerse en la circulación, detectando fehacientemente al conductor del vehículo en infracción y así evitar la sobrecarga de los sistemas judiciales civiles y penales.Liliana Meotto y Liliana Loyola fundan su presentación en las numerosas resoluciones que en esta materia ha emitido la Defensoría, en las que se señalan las irregularidades cometidas por los municipios y comunas. Entre ellas que se cuentan la falta de notificación de las infracciones en tiempo y forma, la incapacidad del supuesto infractor para ejercer su defensa, la notificación de la infracción por carta simple y en muchos casos con los plazos vencidos, diferencias ostensibles entre los montos de las infracciones que van desde los 180 pesos hasta los 800 pesos, entre otras.Estos, entre otros, son los argumentos por los cuales las defensoras piden, además, la declaración de nulidad absoluta de las actuaciones iniciadas que hayan violado los procedimientos consagrados en el artículo 70 de la ley nacional de tránsito, Nº 24.449, a la cual ha adherido la provincia.La ley 10.000 se promueve contra actos de una persona jurídica pública provincial que, violando disposiciones del orden administrativo local, lesionan intereses difusos (colectivos) de vecinos de esta provincia.