La actuación de la Defensoría se inició por las quejas de clientes de San Javier, Rafaela y barrios del noroeste de la ciudad de Santa Fe, a quienes frecuentemente se les facturan consumos estimados, sin que se les informe de esa situación.
Los “consumos estimados” son aquellos que la EPE calcula por no haber tomado la lectura real de los medidores de los clientes. en consecuencia la facturación generada no tiene efectos cancelatorios, cuestión que es también desconocida por el usuario.
En muchos casos luego de algunos meses de cobro sobre “consumos estimados” la EPE hace una lectura real e incluye en una factura la diferencia entre los precios estimados y los reales.
La sorpresa de los usuarios se produce cuando la factura se ve abultada al contener el monto del consumo de los períodos de referencia y las diferencias que surgen de los valores reales y los estimados en meses anteriores. La sumatoria de esto, ubica a los usuarios en un costo superior al que hubieran pagado si se les hubiera cobrado en tiempo.
Esto es así porque el KW va aumentando a medida que la factura es mayor.
Si se informara que los consumos son estimados y que los pagos de esas facturas no tienen carácter cancelatorio, el usuario podría administrar su economía y evitar sobresaltos en sus finanzas hogareñas.
La Defensoría recordó que esta institución ya se había pronunciado, con sendas resoluciones, reclamando que se respete el derecho a la información que tienen los usuarios.
Desde la EPE se informó que los valores estimados están de acuerdo a su consumo histórico y que esta metodología es utilizada excepcionalmente, lo cual no se compadece con lo que la Defensoría comprobó. Esta reveló que se debió intervenir ante las sucursales de San Javier y del norte de la ciudad a fin de evitar esta forma de facturar, sugerencia que se hizo extensiva al resto de las sucursales.
Por todo ello la Defensoría solicitó a la EPE:
- Que los “consumos estimados” se realicen efectivamente en forma excepcional de acuerdo a lo establecido por la reglamentación.
- Que en esos casos se informe debida y claramente al cliente de esa situación.
- Que en ningún caso esto signifique un perjuicio económico para el usuario.