El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, participó este jueves de la audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) para discutir el nuevo cuadro tarifario de Aguas Santafesinas SA y realizada en el auditorio que el organismo de control tiene en la ciudad de Santa Fe, donde insistió con sus pedidos de que se establezca una tarifa social para este servicio y se propenda rápidamente a su medición para que los usuarios paguen lo efectivamente consumido. Al mismo tiempo, solicitó “la aplicación de los principios de gradualidad y razonabilidad a las tarifas de ASSA”, por lo que consideró que la actualización debe ser acorde a los incrementos salariales que tienen los trabajadores y los jubilados y pensionados.
Lamberto consideró que “en la determinación tarifaria debe tenerse en cuenta que ASSA presta un servicio público claramente emparentado con un derecho humano que debe ser asequible para la población”. Y, que según dejó establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, toda tarifa de servicio público debe respetar los principios de certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad “evitando que tales decisiones impongan restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios, y de resguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos”.
Lamberto indicó que el pedido de la empresa, que implica un incremento acumulado de más de un 60 por ciento de aumento en dos etapas, en el primer y tercer trimestre del 2019, “aparece como excesivo si se toma como parámetro comparativo las previsiones de subas de los ingresos de trabajadores y pasivos estimados para similar período”. “En época de crisis como la actual debería valorarse reducir el impacto de los costos de numerosos servicios tercerizados, teniendo en cuenta que ASSA es una empresa pública, debiendo compartirse los esfuerzos”, propuso al respecto.
Tarifa social
El defensor santafesino también insistió “en la necesidad de que el servicio que brinda ASSA cuente con una tarifa social que atienda a los sectores más vulnerables, teniendo en cuenta que la naturaleza de una tarifa social difiere con los llamados casos sociales propios de un esquema de privatización”. En este sentido, Lamberto puso el ejemplo de la EPE, que tiene un esquema propio de tarifa social, “que se ha resuelto mantener durante el año 2019 e incluso, ante el retiro de subsidios nacionales, se aportará al menos temporalmente a su sostenimiento”. También remarcó que el servicio de gas natural tiene una tarifa social, y que “el número de beneficiarios de esas tarifas supera ampliamente a los casos sociales del servicio de aguas”.
Medición
Por otra parte, el titular de la Defensoría del Pueblo sostuvo “que lo adecuado y correcto es tender, en la medida de lo técnicamente posible, a que el pago del servicio lo sea por lo efectivamente consumido, que no sólo es justo para el usuario, sino que, además, ese control es útil para evitar derroches de un elemento esencial como el agua potable”. Así, reiteró el pedido de que “en los nuevos edificios de propiedad horizontal sea obligatorio disponer espacios para que se puedan instalar micromedidores para cada unidad habitacional y de esa manera poder medir individualmente el consumo”. Si bien ASSA informó su voluntad de proseguir con el programa de instalación de medidores de agua, Lamberto pidió “acelerarlo todo lo posible para obtener el objetivo de contar con la mayor cantidad de usuarios con el servicio medido”.