El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, remitió un oficio al secretario de Gobierno de Energía de la Nación solicitándole que convoque a audiencias públicas para analizar el incremento en el precio de la energía mayorista que fue anunciado unilateralmente por esa dependencia nacional. El defensor santafesino tomó esta determinación luego de manifestar días atrás su preocupación por la falta de información precisa respecto del incremento, situación ratificada por expresiones de los usuarios de la provincia de Santa Fe y de cooperativas eléctricas de todo el país.
En la misiva, Lamberto instó al funcionario nacional a “convocar a audiencia pública o cualquier otro mecanismo de participación ciudadana a los fines de brindar participación a los usuarios respecto a los precios del mercado eléctrico mayorista”. El defensor provincial fundamentó su pedido en “la Constitución Nacional y en el fallo de la Suprema Corte de la Nación en los autos ‘Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/amparo colectivo’, que si bien se encuentra referido a la tarifa del servicio público de gas natural, se expide en forma contundente y sin dejar lugar a interpretaciones diferentes, respecto a la necesidad de la participación ciudadana mediante instancias públicas de discusión y debate previo a la determinación de las tarifas de los servicios públicos, derecho que se encuentra operativo desde su mismísima consagración en el plexo constitucional”.
El defensor del Pueblo santafesino consideró que “no ha habido cambios sustanciales desde el citado fallo que justifiquen evitar el llamado a audiencia pública sobre el punto y solo informar los nuevos precios para el año 2019, teniendo en cuenta que hasta noviembre del año 2017 se convocó a audiencia pública para considerar los nuevos valores en el mercado eléctrico mayorista”. Lamberto agregó que “la determinación del precio mayorista por parte de la Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación, que rige las transacciones entre las distribuidoras provinciales y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa), tiene injerencia directa en los usuarios del servicio eléctrico de nuestra provincia, ya que la distribuidora EPE traslada los costos de los mismos a las facturas emitidas a los usuarios y estos tienen un impacto significativo en el monto final”.
A través de oficios enviados a EPE y Cammesa, Lamberto ya había expresado días atrás su preocupación por el impacto que tendrá el nuevo incremento de energía mayorista anunciado por el gobierno nacional a fines de año pasado. En esa oportunidad le pidió al ente nacional conocer los alcances del aumento, ya que no se aclaró a qué jurisdicciones corresponde, si el porcentaje señalado se refiere al incremento final o al costo mayorista. También requirió precisiones respecto del momento en que se comenzará a aplicar la suba y los porcentajes precisos de la misma.