El Defensor del Pueblo de Santa Fe a/c, Luciano Leiva, participó de la reunión de la comisión directiva ampliada de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina –ADPRA- para analizar la postura a tomar ante el DNU de Designación de Jueces de la Corte Suprema dictado por el Presidente de la Nación.
En tal sentido, y ante los diversos planteamientos de constitucionalistas, opiniones políticas y mediáticas surgidas en la última semana, los Defensores plantean la necesidad de una ley que reglamente la norma constitucional a fin de evitar estas controversias y salde el debate de manera definitiva.
En el encuentro estuvieron presentes la secretaria de ADPRA, Rocío Fernández (Defensora del Pueblo de Escobar), la Prosecretaria Silvia Caprino (Defensora del Pueblo de la Matanza), el Tesorero Javier Rodríguez (Defensoría del Pueblo de Corrientes), la Pro Tesorera Andrea Galaverna (Defensora del Pueblo de Bariloche), la Consejera 1º suplente Nadina Diaz (Defensora del Pueblo de Río Negro), y acompañaron la reunión de la comisión Luciano Leiva (Defensor del Pueblo de Santa Fé), Luis Bratti (Defensor del Pueblo de Quilmes), Alicia Peressutti (Auditora General de Villa María), Tomás Dadic representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación,Eloy Gómez Raverta, director de Comunicación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y los Defensores del Pueblo adjuntos de la Ciudad María América González y José Palmiotti.
Los Defensores emitieron una declaración relativa a la designación por decreto de dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se transcribe a continuación:
La designación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por medio de un decreto del Poder ejecutivo de la Nación ha generado controversias políticas y jurídicas, al no pasar por el Senado, ya que las mismas fueron hechas en comisión.
El mecanismo utilizado es el que ha provocado la discusión.
No resulta aceptable que la designación de las máximas autoridades de cualquiera de los tres poderes puedan estar sujetas a diversas interpretaciones que puedan dar lugar a designaciones de modos diferentes.
Al respecto, ADPRA considera necesario que las designaciones de esta envergadura estén definidas de manera taxativa y sin lugar a interpretaciones.
Es decir, se propone el dictado de una ley que reglamente la norma constitucional y deje saldado el debate de manera definitiva.
Las instituciones fundamentales de la República deben gozar de absoluta unanimidad en su conformación. La legalidad y legitimidad se construyen desde una norma precisa, clara, de interpretación única y conocida por todos.
De ese modo la norma debe contemplar que la designación se haga por medio del Senado, con el previo envío de los candidatos por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
La institucionalidad se consolida con normas claras y precisas que no queden sujetas a ningún tipo de interpretación, sea la que fuese.