Ante las denuncias realizadas a medios de prensa por la Asociación de Obreros del Transporte Automotor de Pasajeros por el mal estado de colectivos del transporte público de pasajeros, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe informa que viene trabajando desde el año pasado en dicho tema y que, el 18 de enero pasado, el Defensor del Pueblo, Dr. Edgardo José Bistoletti, firmó la Resolución N° 14 a través de la cual elevó una queja al Defensor del Pueblo nacional, luego de que la Secretaría de Transporte provincial informara que tiene competencia para realizar los controles pero no para sancionar a las empresas. Desde la Defensoría nacional informaron que la actuación lleva el número 748/12 y que la queja fue declarada admisible, tras lo cual se cursaron dos pedidos de informe a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).La Resolución 14 firmada por Bistoletti recuerda que la Defensoría del Pueblo empezó a trabajar en el tema luego de una nota presentada por usuarios de diferentes localidades de la provincia y de artículos periodísticos "que dan cuenta de los constantes problemas mecánicos y/o eléctricos que presentan los vehículos utilizados, las consecuentes demoras en los horarios establecidos, la falta de higiene, el mal estado de los asientos e instalaciones, las filtraciones los días de lluvia, la presencia de vectores en las unidades, etcétera". En la misma norma se recuerda que, ante un pedido de informes dirigido a la Secretaría de Transporte de Santa Fe el 3 de octubre de 2011, la respuesta de ese organismo fue: "Se informa que se han realizado los controles correspondientes constatándose las irregularidades denunciadas. Sin embargo, al tratarse de un servicio nacional (...) se sugiere oficiar a la CNRT". En los considerandos, Bistoletti consideró que "existiría una gravísima afectación de los derechos de los usuarios del transporte público de pasajeros de los servicios mencionados, así como a los demás usuarios de las vías de circulación utilizadas por los mismos". Y que "resulta menester que, desde el gobierno nacional competente, se adopten con carácter de urgente las medidas necesarias para lograr la corrección y adecuación de los servicios mencionados a lo establecido por la normativa vigente". Fue por ello que, en enero pasado, resolvió "derivar la queja y todos los antecedentes al Defensor del Pueblo de la Nación, para su conocimiento, y a efectos de instar su competencia para lograr la efectiva intervención de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte respecto del servicio público de pasajeros -interurbano- prestado por las empresas Monticas y Arito, en los servicios que unen a las localidades de Rosario (Santa Fe) y Laboulaye (Córdoba), todo ello para garantizar los derechos constitucionales de los involucrados". Asimismo, en el artículo 3, recomendó "a la Subsecretaría de Transporte de la provincia de Santa Fe que continúe desplegando, y profundice, las acciones de su competencia dentro del territorio provincial, respecto del servicio público de pasajeros -interurbano- prestado por las empresas Monticas y Arito".Finalmente, al ser consultado recientemente, el Defensor del Pueblo de la Nación informó a su par provincial que la actuación fue admitida y que lleva el número 748/12. También reseñó que el pasado 9 de marzo se le realizó un primer pedido de informes a la CNRT para dé respuestas a la queja planteada. Y que, como la CNRT no brindó respuestas, el pedido de informes fue reiterado el 13 de abril, teniendo diez días hábiles para responder al mismo. En estos momentos la Defensoría nacional está evaluando las acciones a tomar.