En el marco del proceso de Revisión Tarifaria Integral, el pasado viernes 28 de octubre se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública convocada por el Ente Regulador de la Electricidad (Enre) a los fines de poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto de las propuestas tarifarias presentadas por las empresas distribuidoras Edenor y Edesur, que prestan servicios en Capital Federal y varios municipios de la provincia de Buenos Aires.
En esta Audiencia Pública, como había pasado recientemente con la convocada para tratar tarifas de gas natural por red, tuvieron un rol destacado los Defensores del Pueblo, participando esta vez sólo los de la región Buenos Aires en razón del alcance de las empresas distribuidoras. Los Ombudsman expusieron sus consideraciones respecto de las propuestas tarifarias y la calidad de los servicios prestados.
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe estuvo representada por su Director de Asuntos Jurídicos, Dr. Mariano Vodanovich, quien fuera encomendado por el Defensor del Pueblo, Dr. Raúl Lamberto, a participar en calidad de oyente.
Durante la Audiencia Pública, los Ombudsman solicitaron:
- Que al establecer el nuevo cuadro tarifario se respete y cumpla con los criterios de proporcionalidad, razonabilidad y gradualidad en las subas de tarifas, señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el fallo “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad y otros contra Ministerio de Energía y Minería sobre amparo colectivo”.
- Se implemente un régimen de Tarifa Social flexible y unificado con otros servicios públicos esenciales, contemplándose la situación de desocupados, trabajadores informales, cooperativas de trabajo y entidades de bien público.
- Generar un régimen tarifario especial para Pymes.
- Mejorar la eficiencia y el control del ente regulador, aplicación efectiva y rápida de multas que redunden en beneficios para los usuarios afectados.
- Controlar costos e inversiones.
- Las subas de tarifas deben concederse previa comprobación de inversiones realizadas por las distribuidoras.
- Tener un plan de contingencia ante cortes.
- Respecto de la aplicación de sanciones por parte del ente regulador, que las mismas sean más severas si los cortes perjudican a los mismos barrios en un lapso de tiempo determinado.
- Participación de usuarios, asociaciones de usuarios, poder legislativo y Defensorías del Pueblo en el control directo de los servicios públicos.
- Los Defensores del Pueblo remarcaron y recordaron que en los servicios públicos esenciales no existen clientes sino usuarios con derechos consagrados en la Constitución Nacional.
- Terminar con el sistema de subsidios a las empresas distribuidoras debiendo tener los mismos como destinatarios directos a los usuarios con menos recursos para su satisfacción.
- Los aumentos de tarifas no deben ser superiores a los incrementos salariales y de jubilaciones.
- Considerar la realidad socioeconómica de los usuarios y las particularidades geográficas para la fijación de las tarifas.
- Tener en cuenta en la determinación de la tarifa de luz, es si el usuario tiene acceso a los demás servicios esenciales, ya que puede ser que la electricidad sea el único medio con el que cuentan para calefaccionarse e incluso utilizarse para extraer agua de pozo mediante bombas eléctricas, señalando que mayor consumo no significa mayor poder adquisitivo sino que muchas veces es todo lo contrario.
- Finalmente, los Defensores del Pueblo afirmaron que los servicios públicos esenciales como el agua, gas y electricidad deben ser considerados Derechos Humanos y tener la protección de los mismos garantizándose un acceso universal a ellos.