ElDefensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Dr. Edgardo Bistoletti,recibió la queja de jubilados y beneficiarios de pensiones no contributivas dela ciudad de Villa Ocampo, a los que se les pretendía cobrar créditos que teníaun costo financiero total que rozaba el 260 por ciento.Fueron sorprendidos en su buena feal tomar un crédito en una entidad bancaria privada, publicitado bajodeterminadas condiciones pero diferentes en los hechos. Analizando la documentación aportada porlos quejosos, la dirección de Defensa deUsuarios y Consumidores de la Defensoría llego a la conclusión que el costototal financiero (CFT) de la operación llegaba a casi el 260 por ciento,porcentaje que excede largamente lo preceptuado por el Decreto Nacional246/2011 por el cual el C.F.T. máximo no puede superar en un cinco por ciento(5%) adicional a la tasa informada mensualmente por el Banco de la NaciónArgentina aplicable a las operaciones de préstamos personales para jubilados ypensionados. Ante esa situación, la Defensoríadel Pueblo solicitó la intervención de la recientemente creada Gerencia de Protección de Usuarios deServicios Financiero dependiente del Banco Central de la República Argentina–BCRA-, que intimó a la entidad bancaria a que reconvenga la situación de altocosto financiero que se aplicaba a los tomadores de los préstamos. El caso se originó a través de unpromotor de dicho banco, en la ciudad de Villa Ocampo, que publicitaba a travésde una radio de su propiedad estos préstamos, a sola firma con la presentaciónde recibo de sueldo y DNI; con la condición de devolverlo en 12 cuotas fijas. Los documentos fueron firmados en laciudad de Resistencia, provincia del Chaco, y tras ello recibieron el dinero,pero mayúscula fue la sorpresa cuando advirtieron que el importe de las cuotasy los meses superaban largamente las condiciones promocionadas.Elcuadro de abuso y vulneración hacia los denunciantes se complementa con elhecho de que los beneficiarios de pensiones no contributivas que acudieron a laDefensoría del Pueblo tienen dificultades para leer y escribir. A modo de ejemplo, relatamos doscasos que reflejan lo denunciado. Unoes el de una mujer que percibe una jubilación mínima de $1419,50 al mes dejulio del corriente año y no sabe leer ni escribir. Suscribió un crédito por 2mil pesos, a pagar en 24 cuotas de 247,89 pesos, y no en 12 como se le dijo enVilla Ocampo. El otro caso, es el de unbeneficiario de una pensión no contributiva de 1.145,47 pesos, que tampoco sabeleer ni escribir. Pacta un crédito por 2 mil 500 pesos, en 29 cuotas de 292,85pesos. Además, debe señalarse que en ninguno delos casos los tomadores de créditos reciben la totalidad del monto dado que sele detraen los costos administrativos correspondientes. Estas condiciones, entre otras, son lasque elevan el Costo Financiero Total a casi el 260 por ciento.Pudoconstatarse que al momento de la contratación en la sucursal de la ciudad deResistencia, hubo ausencia de negociación y cercenamiento de la autonomía de lavoluntad dada la posición de superioridad de la entidad bancaria respecto alconsumidor. En este contexto mal pudieron los denunciantes conocer acabadamentecuál era la tasa de interés. Otra de las anormalidadesdenunciadas fue que en la sucursal no les entregaron la copia de convenio, loque impidieron conocer qué otras cláusulas del contractuales firmaron. La medida dispuesta por lacreada Gerencia de Protección deUsuarios de Servicios Financiero dependiente del Banco Central de la RepúblicaArgentina sólo beneficia a losciudadanos que se acercaron a formular su queja.No obstante, y ante la presunción deque la cantidad de afectados sea mayor y a solicitud de la Gerencia de Protección de Usuarios deServicios Financiero dependiente del Banco Central de la RepúblicaArgentina, invitamos quienes se puedanencontrar en igual o similar situación a efectuar las consultas y /odenuncia ante la Defensoría de Pueblo.