Desde el inicio del período de aislamiento social, preventivo y obligatorio como consecuencia de la emergencia sanitaria por la pandemia Covid-19, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe continuó con la atención (de manera telefónica y online, hasta el momento) en toda la provincia. En ese contexto, las consultas están caracterizadas por una fuerte impronta social cuyos casos superan el 40% del número total.
“Se trata de un cambio estructural en relación a lo que se venía trabajando en la institución —señalaron desde la defensoría—puesto que hasta el momento del comienzo del aislamiento la mayor parte de los reclamos estaban vinculados con temas como tarjetas de crédito, operaciones bancarias o servicios públicos, es decir, lo que se conoce habitualmente como el área de usuarios y consumidores”.
Desde la institución explicaron que “por casos sociales entendemos a los que están relacionados con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) —beneficiados, procedimiento de inscripción, cobro, etc.—, también las consultas por tarjetas alimentarias —por parte de personas que no las han recibido o que no han podido percibir su monto pese a que le corresponde— y consultas vinculadas con la Asignación Universal por Hijo (AUH) u otros beneficios. Es decir, todas situaciones vinculadas con una asistencia directa por parte del Estado”, señalaron.
“Sobre todo al principio, los pedidos fueron constantes como consecuencia del gran número de personas que se encontraban imposibilitadas de realizar sus tareas productivas habituales, las cuales en su mayor parte se desarrollan en la informalidad. Si bien los sectores exceptuados del aislamiento han ido incrementándose con el correr de los días, aún persiste un grupo importante de personas en esta situación”, agregaron.
“En todos estos casos, la defensoría toma cada uno de los temas y los canaliza a través de las entidades y organismos locales, provinciales y nacionales correspondientes, siempre y cuando sea factible darles ese curso”.
Los profesionales hicieron hincapié en que las solicitudes relacionadas con los bolsones de alimento han constituido un número significativo de las comunicaciones, como también los pedidos por parte de los beneficiarios de las pensiones Ley 5110 para que puedan estar incluidos dentro del beneficio IFE. Sobre esto último, la defensoría ha enviado notas a la Ansés en dos oportunidades.
“El reporte de aumentos de precios por parte de la ciudadanía es otro de los temas importantes. Y aquí hay que hacer mención a que los reclamos no han sido solo contra las grandes cadenas de supermercados, sino también en lo relativo a comercios más chicos, lo que sin dudas afecta en forma directa a los sectores vulnerables que perciben alguna ayuda por parte del Estado”, expresaron.
“En términos generales hemos podido llegar a más personas —evaluaron—, es decir, a un sector de la sociedad que muchas veces, y por diferentes motivos, no acude a la institución. Además, en la mayoría de los casos, y puesto que prácticamente todos los trámites deben realizarse de forma telefónica o por internet, se les pudo brindar también un asesoramiento en el uso de las herramientas digitales para que pudieran ellas mismas realizar las gestiones correspondientes”.
ALQUILERES
Los créditos hipotecarios y los alquileres son otros de los temas cuyos pedidos de asesoramiento están en crecimiento. A partir los primeros días del mes de abril, los profesionales del área de mediación de la institución se encuentran realizando facilitaciones para la resolución de algunas de estas situaciones vinculadas con el tema alquileres.
En este sentido, desde la defensoría señalaron que las consultas “tienen que ver con imposibilidad de pago del alquiler de locales comerciales —peluquerías, salones de fiestas infantiles, etc.—, locales comerciales que no trabajaron, personas que no pueden pagar y se quieren mudar pero que no pueden hacerlo por el aislamiento, así como personas sin trabajo actual —como docentes reemplazantes— que al no poder trabajar, no pueden pagar”, expresaron, e informaron que “en su mayoría las personas han podido llegar a un acuerdo satisfactorio”.
“Uno de los temas más reiterados ha sido el de los contratos de alquiler y, en esta área, las consultas son variadas. Por un lado, provienen por parte de los inquilinos, que al efectuar los pagos en forma no presencial (bancarizada) se encontraron con que los locadores intentaron implementar la práctica de un cobro de porcentaje, lo que en gran medida fue desactivado por el asesoramiento oportuno y la difusión de los derechos de los inquilinos durante la emergencia sanitaria. Pero también ha habido consultas por parte de locadores que, hasta el momento de la implementación de los canales no presenciales, no habían podido cobrar”.
CONSULTAS LABORALES, SERVICIOS PÚBLICOS Y SALUD
Luego de los casos sociales y los reclamos en aumento relacionados con alquileres, viene un abanico variado de consultas que se han efectuado en los canales a distancia que la institución ha puesto a disposición de las personas.
Uno de ellos tiene que ver con los temas laborales. “Al inicio del aislamiento, las consultas referían a quienes debían trabajar por encontrarse exceptuados, si les correspondía en caso de tener hijos a cargo, o por formar parte de un sector vulnerable a causa de la edad o su situación personal de salud. Con el paso de los días, las mismas comenzaron a versar sobre el cumplimiento de las obligaciones patronales, las medidas de seguridad, pagos de salarios, suspensiones, etc. Aquí es válido mencionar que, si bien se dispuso la suspensión de los despidos durante este período, existen planteos relacionados con medidas dispuestas con anterioridad al inicio del aislamiento o hacia el personal no registrado”.
También hay cuestiones vinculadas con el pago de los servicios públicos —sobre todo en cuanto al alcance de las medidas establecidas por los estados Nacional y Provincial que dispusieron la suspensión de cortes en determinadas circunstancias—; la contratación de vuelos y paquetes turísticos y cómo resolverlos; consultas con relación a otros servicios —como el transporte escolar— y si corresponde abonarlos o no.
Por su parte, en lo que refiere al área de salud, los pedidos fueron en aumento ya que la suspensión de intervenciones, provisión de medicamentos, los tratamientos crónicos y el sistema de salud mental se vieron interrumpidos. “En cuanto a la salud, el problema es que al extendernos en el tiempo se producen situaciones que no se pueden prorrogar más y que necesitan una atención prioritaria, por lo que fue necesario gestionar una solución en forma directa, como asimismo reclamar la adecuación del sistema a la realidad actual que culminó con la implementación digital de recetas, las campañas de vacunación antigripal con cronograma y el pedido para que Iapos explique acerque de la medida por la cual dispone una reducción del 50% sobre el valor arancelario de los módulos de algunas prestaciones a personas con discapacidad, entre otras cosas”, puntualizaron.
Otro ítem de consulta estuvo vinculado con los permisos para circular, especialmente sobre cómo obtener autorización para atender a adultos mayores, personas con discapacidad, trabajadores exceptuados o lo que tiene que ver con el régimen comunicacional de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se intervino coordinando y asesorando en aquellas en situaciones de fuerza mayor que justificaban el traslado y no requerían permiso.
OPERACIONES BANCARIAS
La alta cantidad de reclamos vinculados con las entidades bancarias estuvo directamente relacionada con la decisión inicial de no considerarlas como actividad esencial, algo que después se modificó con el paso de los días. En este sentido, las consultas venían sobre todo por el lado de los adultos mayores y los sectores de escasos recursos que están bancarizados pero que no manejan adecuadamente la tecnología para operar por canales no presenciales.
“Las gestiones por parte de la defensoría han sido y siguen siendo constantes, ya sea ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) como al Banco de Santa Fe. En cuanto al primero, se le solicitó que resuelva la prórroga de los vencimientos de las cuotas de los créditos hipotecarios UVA durante los meses que persista el aislamiento; reconsiderar los vencimientos de tarjetas de crédito luego del 13 de abril; que informe si existen nuevas medidas para ayudar a cuentapropistas, monotributistas y comerciantes; la posibilidad de diferir cuotas de créditos UVA de los meses de abril, mayo y junio al final del préstamo; y se le pidió que incluya a los titulares de beneficios —como Fondo de Desempleo de ANSES, Fondo de Construcción, AUH, ONG's, entre otras asignaciones familiares— en las excepciones para el cobro en ventanilla en las entidades bancarias, este último un pedido que también se cursó al Banco de Santa Fe”.
“En el caso del Banco de Santa Fe, se le pidió que procure dar solución a las personas que estando bancarizadas no cuentan con tarjeta de débito, que se respete los derechos de los usuarios al momento de operar en los cajeros con el ofrecimiento de seguros que luego ven debitados en sus cuentas, y también se les propuso una serie de medidas para descomprimir la asistencia en las entidades bancarias”, indicaron.
También se advirtió el aumento de las estafas telefónicas y online, donde se les solicita información a los ciudadanos de sus datos personales, como contraseñas, datos de tarjetas de crédito o números de cuentas bancarias con el objetivo de concretar algún tipo de robo. Si bien se trata de una metodología delictual en auge en los últimos tiempos la misma se vio incrementada en el aislamiento, por lo que la defensoría difundió recomendaciones para evitar ser víctimas de estafas.
ASISTENCIA A LA VÍCTIMA
Desde la defensoría informaron también que la labor del equipo de psicólogas y psicólogos de los Centros de Asistencia a la Víctima ha sido ininterrumpido, sobre todo en lo relacionado con asesoramiento a personas en temas de divorcio, pedidos de alimentos, o bien con un trabajo de escucha por parte de los profesionales hacia aquellas mujeres víctimas de violencia que ya habían tomado contacto con la institución antes de la pandemia.
Por otra parte, la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe había informado oportunamente que las medidas cautelares adoptadas por tribunales y juzgados de familia en casos de violencia de género —ya sean prohibición de acercamiento u otras— se mantendrán durante todo el plazo que dure el aislamiento obligatorio sin necesidad de renovación o prórroga. “Esta situación permitió disminuir el número de consultas que las personas realizaban en los teléfonos de los centros en los primeros días del aislamiento”, indicaron.
También es preciso recordar que la defensoría fue habilitada y reconocida institucionalmente para canalizar con el Poder Judicial, a través de medios electrónicos, las denuncias vinculadas con violencia doméstica.