La Defensoría del Pueblo envió una misiva al Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas) donde manifestó su preocupación ante las noticias que dan cuenta que se intentaría dirimir un nuevo conflicto contractual entre productores y distribuidores de gas mediante el traslado de los mayores costos en las tarifas de los usuarios.
En este sentido, la presentación explica que mediante la resolución 12/2019 del Enargas se puso a consulta pública de las empresas del sector gasífero la metodología de traslado a tarifas del precio de gas con el fin de regular los términos para la subasta de precios de compra de gas. Dicho proyecto generó el rechazo de las distribuidoras en virtud que se acorta el plazo de pago a los productores de 75 a 30 días.
La preocupación manifiesta de la Defensoría reside en que según lo esgrimido por las concesionarias distribuidoras de gas, la aprobación de esta metodología implicaría un desfasaje financiero, ya que la mayoría de los usuarios son residenciales y pagan en forma bimestral, que lo deberían cubrir con financiamiento externo y los costos podrían generar un nuevo aumento del servicio.
La Defensoría del Pueblo rechazó de plano el traslado de los costos a las facturas y recordó lo esgrimido en última audiencia pública cuando se expuso que los conflictos entre particulares no pueden ser trasladados a los usuarios.
En esa ocasión, se proponía que los usuarios con sus tarifas asuman los mayores costos de las distribuidoras derivados de la devaluación de la moneda en el periodo de abril y septiembre de 2018.
Vale recordar, que en aquella ocasión la oposición de los defensores del Pueblo del todo el país fue determinante para que se deje sin efecto la resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía de la Nación que disponía el pago por parte de los usuarios de las diferencias generadas por la suba del dólar entre abril y septiembre en 24 cuotas a partir de enero de este año.