Los defensores del Pueblo de la provincia de Santa Fe a cargo, Jorge Henn y Gabriel Savino, presentaron este martes un informe elaborado por los equipos de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que será elevado a la Legislatura y el Poder Ejecutivo, en el que alertan sobre la precarización de los programas de acogimientos en los centros conveniados (incluyendo hoteles) y que la mayoría no cumple los estándares que están previstos normativamente en el decreto que los regula.
El trabajo sobre “Inversión Social en Acogimiento Institucional y Familiar”, que está basado en la información oficial que suministró el gobierno provincial, abarca el período 2020 a 2022 y subraya que “no se pudo establecer cuántas niñas, niños y adolescentes están bajo el sistema de protección oficial del Estado santafesino”, pese a los pedidos de información específicos.
Las cifras presupuestarias evidencian, además, una sostenida reducción año a año en cada uno de los rubros que integran el programa de protección.
Acompañados de sus colaboradores, Laura Oliva y Gustavo Lorenzo, los defensores del Pueblo hablaron de 1 millón de niños, niñas y adolescentes que están por debajo de línea de pobreza en la provincia, pero remarcaron que se carece de información exacta de cuántos hay en hogares de acogida, hoteles u otros sitios.
De acuerdo con el informe presentado, la gran mayoría de los centros de atención no está en condiciones para asegurar que el tránsito de estos niños y adolescentes sea óptimo porque no cumplen los requisitos que la norma exige. “Estamos hablando de niños y adolescentes que vienen de sufrir situaciones, en algunos casos, horrorosas”, remarcaron.
Para la Defensoría, en tanto organismo de control del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, es primordial el análisis de la cantidad y calidad de la inversión social destinada a niñas, niños y adolescentes. Teniendo en cuenta que para que los derechos sean realizables, debe haber correspondencia entre las políticas públicas y las asignaciones que las solventan. En este sentido, el presupuesto público es el documento donde se establecen las prioridades de gobierno.
“Es por ello que resulta imprescindible construir información sobre el nivel de recursos que los gobiernos están dispuestos a asignar en su presupuesto, identificar brechas de cumplimiento en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes y proponer medidas en consecuencia”, explicaron los defensores.
En ese contexto, Savino concluyó: “Sería importante que el Área de Niñez de la provincia tenga el rango de Secretaría de Estado, dada la carencia de datos certeros sobre quiénes y dónde están institucionalizados y la sostenida reducción de la inversión en el sistema de protección”.