Representantes de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) se reunieron este martes en Capital Federal con el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Sergio Brodsky, y el director Nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, a quienes les trasmitieron su preocupación por el impacto en la ciudadanía de las fuertes subas que se registraron en las cuotas de los planes de autos 0 kilómetro.
Durante el encuentro, que tuvo lugar en la sede de IGJ, ubicada en Paseo Colón 285, se resolvió agendar una nueva reunión para febrero con el objetivo de tratar este tema con todos los defensores y defensoras y los representantes de las automotrices en el país.
Además, Blanco Muiño y Brodsky se llevaron una serie de propuestas de los defensores del Pueblo, que incluye la conformación de una mesa de trabajo previa a la reunión con los representantes de las automotrices en la que se analice el incremento desmedido de dichas cuotas, ya que –a criterio de Adpra- no existe correlación entre el aumento del vehículo y el aumento de las cuotas sujetas al aumento inflacionario.
Esta situación, explicaron los defensores del Pueblo, generó un perjuicio para la ciudadanía, ya que una vez adjudicado el automóvil con el incremento de las cuotas los tomadores de planes se ven imposibilitados de abonar las cuotas. Situación que se agrava más cuando el vehículo es utilizado como herramienta de trabajo, como sucede con el taxi o el remís.
Por parte de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe estuvieron presentes Liliana Campomanes, directora de Atención a la Ciudadanía de la ciudad de Santa Fe; Eleonora Avilés, coordinadora de Relaciones con los Ciudadanos, y Leandro Piazza, director de Atención a la Ciudadanía de Rosario. Estuvieron también Alejandro Amor, presidente de Adpra, José Palmioti, defensor Adjunto porteño; Gerardo Gullelmotti, coordinador de Consumidores y Administración; Luis Garay, defensor de Paraná; Fernando Juri, defensor de Tucumán; Alejandro Gorrini, defensor de Lanús; Belén Aragón, defensora de Zapala; Adriana Santagati, defensora de Río Negro; Fabián Rolandi, defensor Adjunto de Río Cuarto, y Guillermo Mazars, de la Defensoría del Pueblo bonaerense.